Universidades piden acelerar el fallo por el financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó a la Justicia que habilite la feria judicial de invierno para avanzar con una sentencia definitiva sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades sostienen que el Gobierno nacional aún no cumplió con la medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme a fines de junio y reclaman una resolución sobre el conflicto de fondo.

El reclamo fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal de turno durante el receso invernal. El objetivo es evitar que el expediente quede paralizado y obtener una definición sobre la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

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La presentación fue realizada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.

Según el CIN, el Estado nacional continúa sin cumplir la medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme hace un mes.

La resolución del máximo tribunal ratificó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Esos puntos establecen la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, además de la actualización de las becas destinadas a estudiantes.

Sin embargo, las universidades aseguran que esas disposiciones aún no fueron implementadas por el Gobierno.

En la presentación judicial, Bartolacci afirmó que desde la sanción de la ley, en agosto de 2025, el Ejecutivo no cumplió con la normativa ni con las resoluciones de la Justicia.

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El rector también cuestionó la estrategia judicial del Gobierno y sostuvo que distintas presentaciones oficiales buscaron retrasar el avance del expediente.

Ahora será el fiscal de feria quien deberá expedirse sobre el pedido de habilitación. Luego, el juez federal Martín Cormick definirá si la causa continúa su trámite durante el receso judicial.

Además del cumplimiento de la cautelar, el CIN pidió que la Justicia analice la constitucionalidad del Decreto 759/2025.

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Las universidades consideran que esa norma, que condiciona la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento, contradice lo aprobado por el Congreso y limita la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.

Si bien el Gobierno firmó en junio un acta para transferir recursos destinados a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el Consejo Interuniversitario sostiene que ese acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la legislación vigente ni de las órdenes judiciales.

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