Tras la muerte de Catalina Giraldo, de qué se trata el proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina

Resumen para apurados

La muerte de la psicóloga colombiana Catalina Giraldo volvió a instalar el debate sobre la eutanasia y la muerte asistida en América Latina. Su historia, marcada por una larga lucha para acceder a una muerte digna debido al sufrimiento derivado de trastornos de salud mental, generó repercusión internacional y puso el foco en las diferencias entre las legislaciones de cada país.

En ese contexto, en la Argentina ingresó hace un mes al Congreso un proyecto de ley que propone legalizar la eutanasia y la muerte asistida bajo determinadas condiciones. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, y lleva el nombre de "Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida".

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El objetivo del proyecto es incorporar al sistema de salud un marco legal que permita a determinadas personas solicitar asistencia médica para poner fin a su vida cuando atraviesen enfermedades o padecimientos que les provoquen un sufrimiento considerado intolerable.

La iniciativa reconoce el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir de manera voluntaria cuando padezca una enfermedad grave e incurable o una condición crónica e imposibilitante que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

El texto diferencia dos procedimientos. Por un lado, la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra de manera directa la medicación que provoca la muerte. Por otro, la muerte asistida, modalidad en la que el propio paciente se autoadministra el fármaco previamente prescripto por un médico.

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De aprobarse, ambas prácticas tendrían cobertura obligatoria dentro del sistema de salud, tanto en hospitales públicos como en obras sociales y empresas de medicina prepaga, sin costos adicionales para el paciente.

El proyecto fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o contar con residencia permanente de al menos un año, tener más de 16 años y presentar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado por profesionales de la salud.

Además, la persona deberá expresar su decisión de manera libre, voluntaria, consciente e informada. Para ello, la iniciativa exige la presentación de dos solicitudes separadas por un plazo mínimo de 15 días y garantiza la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento.

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El procedimiento también contempla la participación de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. Antes de su autorización, cada caso deberá ser evaluado por una Comisión de Evaluación y Garantías.

El proyecto establece, además, que la asistencia médica para morir solo podrá considerarse una alternativa excepcional dentro del proceso de atención al final de la vida y dispone que el sistema sanitario garantice previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.

La propuesta reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud que no deseen participar en estos procedimientos. Sin embargo, aclara que las instituciones sanitarias no podrán negarse a garantizar la prestación por razones ideológicas o religiosas.

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También plantea modificaciones al Código Penal para excluir de responsabilidad penal a los profesionales que actúen conforme a los requisitos previstos por la futura ley. Asimismo, propone incorporar cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para permitir que las personas puedan dejar directivas anticipadas relacionadas con la asistencia médica para morir.

En los fundamentos, el diputado Esteban Paulón sostiene que la iniciativa busca proteger la autonomía de las personas en el tramo final de su vida y evitar sufrimientos incompatibles con su idea de dignidad. El proyecto también toma como referencia las legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

Actualmente, en la Argentina la legislación reconoce el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos médicos y garantiza el acceso a cuidados paliativos. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido continúan sin estar permitidos y siguen contemplados como conductas alcanzadas por el Código Penal.

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