Sin una base científica, tecnológica e industrial propia, el desarrollo será imposible

Por: Gerardo Grippo

Presidente del Movimiento Industrial Misiones

Por: Gerardo Grippo

Presidente del Movimiento Industrial Misiones

El modelo económico aplicado hasta el momento tiene como objetivo inicial alcanzar la estabilidad económica mediante el ordenamiento de las principales variables, los gastos y las transacciones, con el propósito de lograr, según su concepción, un funcionamiento viable y sostenible del país. Desde el comienzo, la gestión puso el foco en el equilibrio macroeconómico, fundamentalmente en el equilibrio fiscal, bajo la convicción de que este permitiría resolver, como consecuencia, los problemas de la economía real. Sin embargo, la macroeconomía y la microeconomía no pueden entenderse como compartimentos estancos, ya que forman parte de una misma realidad económica, en la que los distintos equilibrios se condicionan mutuamente. Entre ellos, uno de los más relevantes es el de la balanza de pagos, que resulta determinante para la disponibilidad de divisas que necesita nuestro país.

Al respecto, la estrategia adoptada por el gobierno se sustentó en la restricción monetaria, con la supresión y desaparición de áreas del estado, varias esenciales e importantes con el consiguiente despido de personal; y la reducción del circulante, por ende, la contracción de la demanda y el condicionamiento de los salarios; procurando disminuir la inflación. Este proceso, acompañado por una apertura de importaciones y un tipo de cambio administrado, ha generado una reducción de la actividad económica, mientras aumentan los alimentos y los servicios esenciales —agua, energía eléctrica y gas— disminuye el ingreso disponible de la población.

En simultáneo, la reducción del gasto público, el cierre de organismos, la eliminación de fondos específicos y el recorte de la obra pública profundizan las dificultades de numerosos sectores productivos. Ocasionando la desaparición de más de 35.000 pymes y más de 350.000 puestos de trabajo. El resultado es un deterioro del entramado económico y social.

Estas medidas tampoco pueden identificarse sin más con los principios de la escuela clásica del liberalismo económico, ni confundirse con las distintas corrientes que integran el pensamiento liberal, no es que este escrito reclama esta orientación ni el mainstream, pero si lo destacamos. Estamos ante una orientación que combina disciplina fiscal, restricción monetaria, apertura comercial y una fuerte reducción de la intervención estatal en determinadas áreas, con mecanismos de control cambiario y administración de variables financieras. La cuestión no es una discusión doctrinaria, sino evaluar sus resultados, sus costos y su sustentabilidad.

El equilibrio fiscal es necesario, pero debe alcanzarse como parte de un proceso que tenga a la producción, el trabajo y la soberanía económica como ejes fundantes, una alianza de sectores que conciban un Proyecto federal de desarrollo.

Un país como el nuestro, en vías de desarrollo, enfrenta dificultades para sostener una estructura industrial, científica y tecnológica propia, al tiempo que aumenta la dependencia del mundo y la necesidad de divisas. Por ello, cualquier transformación debe contemplar la reconversión de actividades, la capacitación de los trabajadores y su incorporación a nuevos sectores, sin destruir sus ingresos ni su dignidad y con justicia social.

A las políticas de shock, todos las conocemos, no se puede ser ¨resultadistas¨ sin pensar en los costos de destrucción y los años que lleva restablecer lo destruido: la expertiz, el capital de trabajo, las tecnologías (si es que son posibles recuperar), la población sin poder encontrar formas básicas de ingresos, son medidas aplicadas a toda costa y en tiempos extremadamente cortos que producen daños difíciles de revertir y cuyas consecuencias todavía no son mensurables por estar en plena vigencia.

Por su parte, la pérdida del salario real, tanto de los trabajadores formales como informales, junto con la caída del consumo y la apertura importadora, reduce la demanda de bienes nacionales y afecta-bajando al mínimo la utilización de la capacidad instalada. Cuando las empresas producen menos, disminuyen sus necesidades de insumos, desestiman inversiones y, en muchos casos, reducen personal o directamente cierran. Se destruye empleo, cae nuevamente el consumo, se resiente la recaudación fiscal y el Estado dispone de menos recursos para sostener sus prestaciones. Se configura así un círculo que puede retroalimentar el estancamiento con inflación, aún cuando la inflación muestra una desaceleración, está presente mes a mes.

Desde esta perspectiva, la desinflación obtenida mediante una contracción de la demanda no garantiza, por sí sola, una recuperación sostenible. Ya que la inflación responde a distintos factores y su evolución debe analizarse en relación con los salarios, los costos, el tipo de cambio, las tarifas, las expectativas y la política monetaria. Una economía puede mostrar avances en determinados indicadores y, al mismo tiempo, experimentar un deterioro de su capacidad productiva y de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En este contexto, los jubilados, los trabajadores, las clases medias y los sectores de menores ingresos soportan una parte importante del costo del ajuste. Las cifras difundidas sobre cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo son una realidad; el problema de fondo es indiscutible como cuestión de política económica: cuando desaparece una pyme o una industria, no solo se pierden puestos laborales, también se destruyen conocimientos, experiencia, proveedores, capacidades tecnológicas y capital productivo acumulado durante años.

Mientras tanto, los sectores agropecuario, minero y energético, junto con los hidrocarburos, adquieren un papel creciente en la generación de divisas. Su expansión constituye una oportunidad para el país, pero no asegura automáticamente el desarrollo del conjunto de la economía. Esto beneficia al 15 % de la población. Asimismo, el encadenamiento productivo de estas actividades como ser empleo, inversión, innovación y proveedores nacionales, es más lento de modo tal que el denominado "efecto derrame" no puede darse por supuesto: requiere condiciones e instrumentos que lo hagan posible.

Cabe considerar que, la sustentabilidad del modelo depende, además, de la disponibilidad de divisas para afrontar los compromisos externos (importantes en 2027), los intereses de la deuda, los giros de utilidades y las necesidades de importación.

Resulta relevante señalar que las asistencias externas son como "parches» para las necesidades inmediatas y no soluciones sustentables. Por ello, resulta indispensable analizar además del equilibrio fiscal, también la cuenta corriente, la cuenta financiera, las reservas y la capacidad de generar dólares de manera sostenida.

La experiencia argentina, incluida la convertibilidad y la crisis de 2001, demuestra la importancia de examinar los riesgos de los esquemas que dependen de un flujo continuo de divisas y de condiciones financieras favorables. No se trata de afirmar que las circunstancias actuales sean idénticas a las del pasado, sino de reconocer que un equilibrio de corto plazo puede volverse vulnerable si no está respaldado por una estructura productiva competitiva, una adecuada generación de divisas y una capacidad suficiente para afrontar los compromisos externos.

La inversión extranjera es bienvenida cuando contribuye a potenciar nuestras capacidades, ampliar la producción, incorporar tecnología y desarrollar nuevos mercados. Sin embargo, esos capitales responden a sus propias condiciones de rentabilidad y seguridad, por lo que sus decisiones pueden cambiar ante nuevas circunstancias. Por eso, la atracción de inversiones mediante incentivos fiscales, facilidades regulatorias y regímenes especiales debe formar parte de una estrategia que promueva también la generación de valor agregado nacional, la participación de proveedores locales y la transferencia de conocimientos. De lo contrario, corremos el riesgo de profundizar la explotación de nuestros recursos sin desarrollar, en la misma medida, nuevas capacidades productivas propias.

Al mismo tiempo, la apertura de importaciones plantea desafíos para las pymes y las industrias nacionales, especialmente frente a economías con distintas escalas productivas, niveles tecnológicos y estructuras de costos. En este contexto, la discusión no debería limitarse a abrir o cerrar la economía, sino a definir bajo qué condiciones la apertura puede mejorar la productividad sin debilitar las capacidades industriales que el país necesita desarrollar y preservar.

Para ello necesitamos un Proyecto Federal de Desarrollo Nacional, construido mediante una gran alianza entre los sectores productivos, los trabajadores, el sistema científico y tecnológico, los sectores del conocimiento como por ejemplo las universidades, y el Estado. Un proyecto que establezca objetivos por etapas, con plazos, metas verificables y responsabilidades compartidas; que contemple las particularidades de un país bi-monetario, las necesidades de divisas y las diferencias entre sus economías regionales; y que permita integrar a los distintos sectores en una estrategia común.

La independencia económica no consiste en aislarse del mundo, sino en contar con las capacidades necesarias para relacionarse con él desde una posición más sólida. Requiere producir, innovar, incorporar tecnología, generar divisas y desarrollar conocimientos propios. Y evitar convertirnos en "una colonia digital".

En suma, el desafío consiste en que la estabilidad sea el punto de partida y no la finalidad última de la política económica pues sin una base científica, tecnológica e industrial propia y suficiente, el desarrollo será imposible.

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