Sin diálogo social, la reforma laboral está condenada al conflicto

Solo a través del consenso se pueden resolver con éxito los conflictos laborales, encarar los cambios normativos necesarios y alcanzar acuerdos que beneficien tanto a empleadores como a trabajadores.

Archivo. La reforma laboral y la ausencia de un punto clave: el consenso social.

Nuestro país atraviesa cambios sociales, culturales, económicos y normativos muy significativos. Uno de ellos está está vinculado a la reforma laboral, cuya certeza jurídica todavía se discute en los estrados judiciales. No es un detalle menor, ya que su implementación debe ser abordada con prudencia por los actores sociales y por la propia autoridad administrativa laboral nacional, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de evitar que su puesta en marcha derive en una alteración del clima laboral en las organizaciones y de la paz social.

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Cabe destacar tres aspectos principales introducidos por la nueva normativa laboral. El primero es la conformación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a facilitar el pago de las indemnizaciones laborales por parte de las empresas e integrado por la derivación de contribuciones patronales que en su origen se destinaban a financiar el sistema jubilatorio, el PAMI, las Asignaciones Familiares y el Seguro por Desempleo. Esto, indudablemente, debilitará aún más los recursos del sistema. No parece un mecanismo que aporte valor social ni que contribuya a una sociedad integrada.

La derivación de contribuciones patronales del sistema de seguridad social, aunque limitado a un plazo de 48 meses, se presenta con la implementación del Régimen de Formalización Laboral. Nadie con sensatez puede discutir la necesidad imperiosa de mejorar el nivel de formalización de nuestro mercado de trabajo, que registra una informalidad del 46% según laOrganización Internacional del Trabajo (OIT). Pero no puede suceder a costa de restar al sistema casi un tercio de los recursos por cada nuevo empleado registrado.

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La reforma laboral, más allá del apoyo legislativo logrado.

Sólo por citar un ejemplo, Uruguay, sin recurrir a esa derivación de contribuciones patronales de su sistema de seguridad social, presenta, según la misma fuente, una informalidad de solo el 26% del empleo existente. Uno podría preguntarse cómo es eso posible, dada la asimetría de tamaño entre ambas naciones y las diferencias en la estructura y las oportunidades de sus economías. Lo han logrado a través de un intenso diálogo social tripartito: representantes del gobierno, empresarios y sindicatos se sientan a la misma mesa a discutir las cuestiones sociolaborales.

Por último, es necesario detenerse en la fragmentación extrema de la negociación colectiva que se deriva de las nuevas disposiciones legales. La Ley de Modernización Laboral introdujo cambios significativos sobre el particular. La disposición vigente exige a la representación sectorial empresarial que negocie un convenio colectivo de actividad nacional con un nivel altísimo de representatividad. Sus asociados deben dar empleo al 50% de los trabajadores de la actividad comprendida en el ámbito de aplicación del convenio.

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Ya en la década de 1990 se discutió la caducidad de los convenios colectivos de trabajo y su renegociación desde cero. Nadie discute que los convenios necesitan actualizarse conforme a los nuevos modelos de organización, que han mutado como consecuencia de los cambios tecnológicos, culturales y de la percepción que las nuevas generaciones tienen sobre el empleo. Sin embargo, la ausencia de diálogo social ha impedido que quienes impulsaron los cambios normativos advirtieran que la implementación de un modelo legal que conduce a una fragmentación intensa de la negociación colectiva generaría tensión en las organizaciones empresarias, muchas de las cuales no están de acuerdo con un esquema tan extremo en la materia.

Omito toda mención de las asociaciones sindicales, que, por diversos motivos, tampoco están de acuerdo con estos cambios.

Tal vez la búsqueda de consenso a través de un intenso diálogo social tripartito habría permitido alcanzar un cambio legislativo que aportara las nuevas herramientas que la negociación colectiva indudablemente necesita. Los convenios determinan los derechos y las obligaciones de empleadores, trabajadores y entidades sindicales. Su preservación y la definición de procedimientos eficaces para su actualización son necesarias para garantizar la paz social.

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Sólo a través de la concertación y el diálogo social se pueden resolver con éxito los conflictos laborales, encarar los cambios normativos necesarios y alcanzar acuerdos que beneficien tanto a empleadores como a trabajadores.

A modo de corolario, podemos recordar que la OIT, en su informe 2024 sobre Diálogo Social, destaca su importancia para promover el trabajo decente, garantizar una distribución equitativa de los ingresos laborales, afrontar los desafíos de la doble transición digital y ecológica, y elaborar un contrato social renovado para la paz y la prosperidad. En síntesis, sólo a través de este se logra una verdadera integración social.

*Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar y exlegislador porteño.

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