Salarios y consumo en alerta: el Gobierno busca reaccionar, pero el dogma libertario le pone un límite

Pese a las señales recientes, el salario mínimo aumentará por debajo de la inflación. Llegará a los $437.000 recién en abril del 2027.

El presidente Javier Milei.

Las contradicciones pegan de lleno sobre el dogma libertario y el Gobierno parece haberse quedado corto de herramientas para incentivar a la economía real. La versión que echó a correr la Secretaría de Trabajo de elevar el piso salarial tiene prácticamente nulo impacto sobre los convenios. Ámbito pudo acceder en exclusiva a la actualización que se otorgará por decreto sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). No compensará la inflación interanual y recién alcanzará los $437.000 en abril del año que viene, menos de un tercio de la actual Canasta Básica que mide el INDEC.

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Una parte del Gobierno parece haber tomado nota del contraste que hay entre el clima social y el tono de los discursos del presidente Javier Milei. Pero los anuncios lucen insuficientes para revertir el deterioro en los indicadores de peor desempeño, como industria, construcción, comercio, consumo y empleo. Esos datos, a su vez, deterioran la imagen de Milei y sus chances de reelección e impactan sobre las expectativas del mercado financiero.

A través de los medios de comunicación, un sector del Gobierno difundió la versión de que se impulsará un incremento salarial para llevar el piso de los convenios colectivos a $1.000.000. Pero los datos muestran que para abril de este año solo una actividad, y únicamente en su categoría inferior, estaba por debajo de ese valor: apenas $10.000 menos, como detalló en su cuenta de X el economista Federico Pastrana.

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"Es una venta de humo", dijeron desde la cúpula de la CGT a Ámbito. En la central obrera creen que el movimiento responde a una especulación política y que actúa como un falso anzuelo para sentar a los gremios a renegociar los convenios que caen con el fin de la ultraactividad, en vigencia con la reforma laboral.

Ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresas, el Ejecutivo viene definiendo por decreto la actualización del SMVM. Si quisiera dar una señal concreta sobre los salarios, podría hacerlo. Pero claro, cuando sube el salario mínimo también suben los planes sociales y las prestaciones por desempleo. Si en diciembre de 2023 Milei decía que no había plata, ahora, con la caída de la recaudación, hay mucha menos.

Así las cosas, en una semana en que se habló de un gran giro en la política salarial, el Gobierno definió aumentos que estarán por debajo del 2%: 1,9% cada mes entre septiembre de 2026 y enero de 2027, 1,88% en febrero, 1,8% en marzo y 1,7% en abril, según la grilla a la que pudo acceder este medio a través de fuentes de la Casa Rosada.

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Recién para abril alcanzará los $437.000, menos de un tercio de la Canasta Básica Total que actualmente mide el INDEC para una familia tipo. Las variaciones interanuales oscilarán entre el 17% y el 22%, por debajo de la inflación actual. El salario mínimo, que aplica para algunos trabajadores formales que no tienen un convenio específico, para algunos planes sociales y para la prestación por desempleo, cayó más de un 40% en términos reales desde diciembre de 2023.

Por el lado de los empresarios, el trascendido cayó mal. Es que, más allá de la hipotética cifra del millón de pesos, una suba del piso salarial recaería hoy sobre los sectores más afectados por la caída del mercado interno y el incremento de las importaciones. "Lo tendrían que pagar firmas que ya se achicaron y hoy están dudando en mantener las persianas abiertas", dijeron desde una cámara pyme.

El deterioro en las ventas tensa el clima puertas adentro de las cámaras que representan a los rubros más golpeados. La UIA salió esta semana con un duro informe sobre la morosidad en las empresas. El deterioro del entramado productivo se convirtió en uno de los temas más espinosos para Milei. Hay sectores que le piden a la conducción de Martín Rappallini endurecer la confrontación con el oficialismo.

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El próximo miércoles se celebrará el Día de la Industria. La UIA lo hará en la planta de Elea. Casualmente, o no, los laboratorios nacionales están a punto de ser perjudicados por una medida del oficialismo en el Congreso que dificulta la posibilidad de fabricar en el país medicamentos genéricos. Esta vez no irá el Presidente. Seguramente no quedó el mejor recuerdo de la última vez que participó de un evento así. El representante del Gobierno será el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne.

Entre los mejores dieciocho meses de la historia y la necesidad de "reactivar" el crédito hipotecario con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, entre el consumo "en récord histórico" y la sugerencia de elevar los salarios formales a una cifra que está todavía por debajo de la canasta básica, hay un cortocircuito.

Evidentemente, alguien dentro del Gobierno, aunque no sea el Presidente, se está dando cuenta de que no todo marcha acorde al plan y de que el dogma libertario encuentra límites en una realidad material compleja para la economía real.

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Tal vez el ejemplo más cercano sea el del supuesto furor en la venta de televisores en la previa al Mundial como motivo de la suba de la morosidad. Lo cierto es que el volumen cayó un 10,7% en comparación con la previa de Qatar 2022 y un 31,9% respecto a la antesala de Rusia 2018.

Meses antes del debut de la Selección en Estados Unidos, un grupo de empresarios que veía venir el traspié acercó una propuesta, en conjunto con los bancos, para impulsar las ventas con un plan de venta en cuotas. La respuesta del funcionario de coordinación productiva fue contundente: "Nosotros no somos kirchneristas".

El dogma libertario se choca con su propio laberinto. El Presidente dice que morirá "con las botas puestas". Está claro que parte de su equipo quiere introducir cambios para mejorar el clima social. La pregunta es si, después de casi tres años de motosierra, todavía tiene herramientas para hacerlo.

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