Punto por punto: todos los detalles del proyecto que busca reformar el BCRA

La reforma busca impedir el financiamiento monetario del Tesoro, reforzar la independencia del organismo y establecer sanciones para quienes incumplan las nuevas restricciones.

El Gobierno impulsa la reforma del BCRA.

El presidente Javier Milei presentó este jueves por cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las principales apuestas económicas y legislativas del Gobierno para el segundo semestre.

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Durante un mensaje de 20 minutos, el mandatario explicó los principales lineamientos de la iniciativa, que será enviada al Congreso y comenzará su recorrido por la Cámara de Diputados. La reforma busca impedir el financiamiento monetario del Tesoro, reforzar la independencia del organismo y establecer sanciones para los funcionarios que incumplan las nuevas restricciones.

La exposición tuvo un tono especialmente duro contra exfuncionarios y dirigentes a los que el Gobierno responsabiliza por haber utilizado la emisión monetaria para financiar el déficit público. En ese sentido, Milei volvió a cuestionar el funcionamiento que tuvo el Banco Central durante las últimas décadas y sostuvo que esa política trasladó el costo de los desequilibrios fiscales a la población mediante la inflación.

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El proyecto establece límites permanentes al financiamiento del Tesoro, recupera la estabilidad de precios como misión central del organismo y restringe la posibilidad de que futuras administraciones alteren esas reglas.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque en la Casa Rosada aseguran que responde principalmente a uno de los pilares del programa económico de Milei: establecer límites permanentes a la emisión y evitar que el organismo vuelva a ser utilizado para financiar el déficit fiscal.

Uno de los principales cambios estará relacionado con los objetivos del BCRA. La legislación vigente, reformada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que el organismo debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

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El oficialismo considera que esa definición amplió excesivamente las funciones de la autoridad monetaria y habilitó una mayor discrecionalidad. Por ese motivo, pretende recuperar un mandato más acotado, con la preservación del valor de la moneda y la estabilidad de precios como prioridades.

Otro de los puntos centrales será la prohibición del financiamiento directo e indirecto del Banco Central al Tesoro. La intención es eliminar o limitar al máximo los mecanismos que permiten asistir al Estado mediante la emisión monetaria.

Para Milei, esa práctica fue una de las principales causas de la inflación argentina. El Presidente sostiene que la prohibición debe quedar establecida por ley para impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al BCRA como una fuente de financiamiento ante la falta de equilibrio fiscal.

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El proyecto también modificaría el tratamiento de las utilidades de la entidad y avanzaría sobre las letras intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas internacionales.

La propuesta incorporará sanciones para los funcionarios que vulneren las restricciones establecidas en la nueva Carta Orgánica. Milei anticipó que el financiamiento monetario del déficit podría ser considerado una estafa y una asociación ilícita.

Durante su reciente visita a Perú, el mandatario sostuvo que deberían afrontar consecuencias penales el presidente y el directorio del Banco Central, los integrantes del Poder Ejecutivo y los legisladores que participen de la aprobación de presupuestos deficitarios financiados mediante emisión.

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"Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal", advirtió Milei al adelantar parte del contenido del proyecto.

La reforma también buscará fortalecer la independencia institucional del BCRA respecto del Poder Ejecutivo. El objetivo será resguardar las decisiones monetarias de las necesidades fiscales del gobierno de turno y establecer reglas más rígidas para el funcionamiento del organismo.

El Gobierno pretende revertir buena parte de los cambios introducidos mediante la Ley 26.739, sancionada en 2012. Aquella norma amplió las funciones del Banco Central y habilitó una participación más activa de la entidad en el financiamiento de políticas públicas.

Para la administración libertaria, esa modificación desdibujó el objetivo original del organismo y facilitó la utilización de la emisión para cubrir el déficit. La nueva legislación buscará reducir esas facultades y delimitar con mayor precisión las competencias de la autoridad monetaria.

Milei tomó como referencia la legislación de Perú, que establece como finalidad central de su banco central la preservación de la estabilidad monetaria. En el oficialismo destacan que ese diseño institucional permitió sostener niveles de inflación inferiores al promedio de América Latina, incluso durante períodos de fuerte inestabilidad política.

La intención es replicar algunos aspectos de ese esquema en la Argentina y establecer un marco legal que no pueda ser alterado con facilidad ante un cambio de gobierno. El Ejecutivo considera que esas restricciones permitirán consolidar el proceso de desinflación y otorgar mayor previsibilidad a la economía.

La propuesta deberá atravesar un Congreso en el que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia. Santilli, Bullrich y Menem serán algunas de las principales figuras encargadas de negociar los apoyos y defender una iniciativa que el Gobierno considera clave para blindar su programa económico.

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