Paro docente: así será el operativo de control del Gobierno para garantizar las clases

El Ministerio de Capital Humano verificará que las escuelas garanticen el 75% del servicio educativo mínimo durante la jornada de protesta.

Algunos gremios podrían extender el paro docente hasta el martes.

El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) comenzó este lunes en distintas provincias del país.

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Frente a la medida de fuerza, el Gobierno nacional activó un operativo de inspección en escuelas para controlar que se cumpla la cobertura del 75% del servicio educativo, establecida por la normativa vigente.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social inició relevamientos en establecimientos educativos de diferentes jurisdicciones para verificar el nivel de funcionamiento durante la jornada de protesta.

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En caso de detectar irregularidades, advirtieron que podrían aplicarse sanciones económicas contra los sindicatos involucrados.

La convocatoria al paro nacional fue realizada por CTERA como parte de un plan de lucha contra las políticas educativas y económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Uno de los principales reclamos es la reapertura de la paritaria nacional docente, espacio donde se discuten condiciones laborales, salario mínimo, formación profesional y otros aspectos vinculados al funcionamiento del sistema.

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El gremio cuestiona que el Ejecutivo dejó de participar en la negociación y sostiene que la ausencia de una instancia nacional profundizó las diferencias entre las provincias y afectó los ingresos de los trabajadores. Además, de la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos frente al aumento del costo de vida.

Otro de los reclamos es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial que era financiado por el Estado nacional y que representaba una parte importante del ingreso mensual de muchos docentes.

A su vez, piden por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores partidas presupuestarias para infraestructura escolar, mantenimiento de edificios, comedores, becas y programas destinados a garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes.

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En su planteo, CTERA expresó su rechazo a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la denominada Ley de Libertad Educativa y cambios en el Estatuto del Docente.

La protesta cuenta con adhesiones de distintos gremios. En la provincia de Buenos Aires, acompañan la medida organizaciones como SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. También participan sectores de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones vinculadas a la educación universitaria, como la Universidad Nacional de La Plata.

Algunas organizaciones resolvieron extender la protesta durante el martes 4 de agosto.

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Ante la convocatoria nacional de CTERA, el Gobierno puso en marcha un esquema de fiscalización para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo. La tarea quedó en manos de inspectores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Los funcionarios nacionales realizan controles en escuelas seleccionadas para relevar si los establecimientos mantienen una cobertura del 75% de la actividad habitual, porcentaje que el Ejecutivo considera obligatorio al tratarse de un servicio esencial.

El operativo consiste en visitas presenciales a los establecimientos, presentación de credenciales oficiales ante los directivos y verificación del funcionamiento de las instituciones durante la jornada de protesta. Los inspectores registran la situación encontrada y elaboran informes sobre el cumplimiento de la normativa.

"En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", indicaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Comunicado oficial.@JMileipic.twitter.com/3iP9PkhBSc

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