Nuevo gesto del Gobierno a EE.UU.: cambios en el proyecto de ley por Malvinas

La Casa Rosada incorporará al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional un régimen para proteger la infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para proveedores de sectores estratégicos.

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El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo gesto hacia Estados Unidos en el marco del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será enviado al Congreso la próxima semana. La iniciativa incluirá un régimen destinado a proteger la infraestructura crítica del país y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que intervengan en sectores considerados estratégicos.

La medida busca avanzar sobre una agenda que la administración de Donald Trump viene impulsando frente al crecimiento de la influencia tecnológica de China. Sin embargo, el alcance de la propuesta será más amplio que la discusión puntual por la presencia de Huawei en Neuquén o las instalaciones vinculadas con Vaca Muerta.

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Según trascendió, el esquema alcanzará a toda la infraestructura que el Estado determine como crítica y contemplará condiciones para los proveedores, estándares de ciberseguridad y mecanismos de protección ante posibles riesgos externos.

Desde la Casa Rosada consideran que este capítulo permitirá trasladar el alineamiento político de Milei con Washington a medidas concretas vinculadas con la seguridad nacional. El objetivo es profundizar la cooperación con Estados Unidos en materia tecnológica, militar, energética y de inteligencia.

Nuevas visitas de funcionarios de Estados Unidos

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La agenda bilateral también tendrá nuevos movimientos durante las próximas semanas. Funcionarios estadounidenses llegarán a Buenos Aires para mantener reuniones vinculadas con cuestiones tecnológicas y de seguridad.

Los encuentros estarán centrados en temas como la seguridad de redes, la protección de infraestructura sensible, las cadenas de suministro y los criterios para evaluar a los proveedores que participan en sectores estratégicos.

En ese contexto, Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, también se encuentra en Argentina con una agenda de reuniones que se mantiene bajo reserva. La funcionaria había mantenido un encuentro con Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno en Santiago de Chile y su gira oficial por ambos países se extenderá hasta este fin de semana.

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El antecedente de Huawei y Vaca Muerta

La incorporación de un régimen para infraestructura crítica retoma una discusión que el Gobierno ya había comenzado antes de los anuncios vinculados con Malvinas.

El Ejecutivo analizaba establecer requisitos nacionales para proveedores de redes y centros de datos, especialmente después de las advertencias estadounidenses relacionadas con el uso de equipamiento chino en infraestructura vinculada con Vaca Muerta.

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Hasta ahora, la evaluación contemplaba identificar instalaciones específicas como críticas y establecer condiciones de "proveedor confiable" para las empresas encargadas de suministrar tecnología.

El nuevo proyecto buscará ampliar ese esquema y crear un marco transversal para aquellos sectores cuya interrupción o vulneración pueda afectar la seguridad, la defensa, la economía o la prestación de servicios esenciales.

Entre las áreas consideradas críticas se encuentran la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, las finanzas, el sector nuclear, el espacio y la salud, entre otras actividades esenciales.

El modelo que analiza el Gobierno

Uno de los antecedentes que pesa sobre la discusión es el esquema utilizado por Estados Unidos para identificar equipos y servicios tecnológicos considerados riesgosos para su seguridad nacional.

Washington mantiene restricciones sobre determinadas compañías, entre ellas Huawei y ZTE, en redes, instalaciones públicas y sistemas considerados críticos. La Casa Rosada analiza adaptar parte de esa lógica al marco argentino, aunque sin necesariamente replicar de manera textual el modelo estadounidense.

El proyecto estará estructurado alrededor del Consejo de Seguridad Nacional anunciado por Milei durante la cadena nacional por Malvinas. El organismo tendrá participación de la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y será el encargado de articular una política común para las distintas áreas del Estado.

Además, la iniciativa contemplará disposiciones específicas vinculadas con la protección de la infraestructura crítica y la seguridad aeroespacial y marítima.

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