Nueva Carta Orgánica del BCRA: el "think tank" de la banca global dio su aval, pero advirtió que condicionará su éxito

Desde el Institute of International Finance (IIF) celebraron, cautelosamente, los lineamientos principales que el Gobierno delineó en el proyecto de nueva Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los proyectos de ley sobre el cual el Gobierno guarda expectativa y esperanza es el de la nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que fue objeto de análisis por parte de los expertos del Institute of International Finance (IIF), quienes lo ponderaron en líneas generales, pero concluyeron que, en última instancia, la iniciativa oficial solo podrá contribuir a consolidar una baja inflación si las futuras administraciones respetan tanto su letra como su propósito institucional.

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En un extenso y profundo estudio ("Argentina: Hardwiring Monetary Policy Discipline"), los economistas del IIF Martín Castellano y María Paola Figueroa evaluaron los cambios en función de la trayectoria de dominio fiscal de Argentina y los marcos institucionales de las economías de baja inflación de la región. Explican que Argentina busca incorporar la desinflación a la legislación vía la reforma propuesta a la Carta del BCRA, que priorizaría la estabilidad de precios y restringiría drásticamente el financiamiento del Tesoro.

Destacan que el proyecto de ley apunta a un factor clave de la inflación crónica en Argentina: el dominio fiscal transmitido a través de múltiples canales. Según los autores, en teoría, Argentina pasaría de ser una excepción regional a adoptar uno de los marcos de bancos centrales más estrictos de Latinoamérica. Sin embargo, advierten, las amplias facultades en el mercado secundario y el tratamiento de los créditos heredados implican que la efectividad de la reforma aún dependería en gran medida de su implementación.

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Por ello, sostienen que la prueba definitiva es política, no legal: su aprobación sería una señal contundente, pero una inflación baja y sostenida seguirá requiriendo disciplina fiscal, una implementación creíble y un compromiso constante entre administraciones.

Las reservas en máximos de siete años, pero con compras todavía moderadas.

La reforma fortalecería sustancialmente las restricciones legales al financiamiento del Tesoro, situando a Argentina entre los marcos legales más restrictivos de la región. Asimismo, ampliaría la autoridad del BCRA para realizar operaciones de mercado con títulos públicos y otros activos financieros, mejorando su capacidad para gestionar la liquidez y responder a las tensiones financieras. Esa flexibilidad hace que la ejecución sea crucial, ya que tales herramientas deben seguir siendo instrumentos de política monetaria y no canales indirectos de financiamiento fiscal.

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Ante la ausencia de la larga trayectoria institucional y las garantías constitucionales presentes en otros países de América Latina, la contribución del proyecto de ley a la credibilidad dependerá de una implementación consistente, una disciplina fiscal sostenida y un apoyo político duradero.

La durabilidad política es clave: el Gobierno ha ampliado su base legislativa, pero la aprobación e implementación siguen siendo inciertas, ya que la reforma restringiría disposiciones que históricamente han brindado amplia flexibilidad en materia de políticas. La falta de un amplio apoyo político podría indicar un consenso limitado sobre un régimen de baja inflación, erosionando la credibilidad. Los desafíos de gobernanza también persistirían después de su aprobación: la reforma refuerza las protecciones contra la destitución de los miembros del Directorio, pero no aborda los nombramientos interinos prolongados. En última instancia, el proyecto de ley solo podrá contribuir a consolidar una baja inflación si las futuras administraciones respetan tanto su letra como su propósito institucional.

Los cambios propuestos situarían a Argentina entre los marcos legales más restrictivos de la región, especialmente en lo que respecta al financiamiento directo del Tesoro y la distribución de las ganancias de capital. Su diseño institucional general es más complejo, sobre todo porque el BCRA conservaría importantes facultades en el mercado secundario.

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La historia de Argentina y su experiencia regional sugieren que una misión principal bien definida y límites estrictos al financiamiento del Tesoro pueden ayudar a controlar las expectativas de inflación y fortalecer la credibilidad de las políticas.

La propuesta argentina alinearía al país, en términos generales, con las normas regionales en cuanto a mandato, financiamiento del Tesoro y destitución de miembros del Consejo, a la vez que iría más allá que muchos otros países en cuanto a la restricción de las transferencias de utilidades.

Dada la ausencia de credenciales antiinflacionarias consolidadas y salvaguardias constitucionales que refuercen la credibilidad en otros países latinoamericanos, los logros institucionales solo serán duraderos con una política fiscal sólida y un compromiso político sostenido. Por lo tanto, el apoyo multipartidista mejoraría tanto las perspectivas de aprobación como la credibilidad del marco en futuras administraciones.

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El entorno político es más favorable que al inicio de la administración de Milei y el Gobierno ha logrado un mayor apoyo legislativo. Sin embargo, la aprobación y la ejecución consistente siguen siendo inciertas, ya que la propuesta limitaría los canales de financiamiento y la discrecionalidad política en los que se han apoyado administraciones sucesivas. Una coalición reducida o una implementación deficiente limitarían la contribución de la reforma a un régimen duradero de baja inflación.

La reforma proporcionaría a los futuros responsables políticos un marco legal más sólido para preservar la estabilidad de precios, proteger la autonomía del Banco Central y limitar el financiamiento monetario. Mayores facultades de operación de mercado también mejorarían la capacidad del BCRA para gestionar la liquidez y responder a las tensiones financieras, siempre que su uso esté regido por salvaguardias claras y transparencia. En última instancia, su éxito dependerá del apoyo político sostenido, la disciplina fiscal y el respeto por el propósito institucional de la ley en todas las administraciones. A medida que los beneficios de la estabilidad macroeconómica se vuelvan tangibles, será más fácil preservar esa base política.

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