Morosidad récord: ya hay al menos 10 proyectos de alivio a deudores en la Legislatura bonaerense
Mientras el presidente Javier Milei sostiene que las deudas son "un problema entre privados", en la Cámara de Diputados y en el Senado provincial se acumulan iniciativas de distintos bloques para regular cobranzas, refinanciar pasivos y frenar embargos.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene que las deudas son "un problema entre privados", en la Cámara de Diputados y en el Senado provincial se acumulan iniciativas de distintos bloques para regular cobranzas, refinanciar pasivos y frenar embargos.
El alto nivel de morosidad causa preocupación en distintas fuerzas de la provincia de Buenos Aires.
cuEntre la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense ya hay al menos 10 proyectos de ley que buscan dar una respuesta al sobreendeudamiento de las familias, con matices según el bloque que los impulsa: desde la regulación de las cobranzas extrajudiciales hasta la refinanciación de deudas con el Banco Provincia, límites al crédito otorgado por aplicaciones, un freno a los remates de vivienda única y una reforma integral a los derechos del consumidor de servicios financieros.
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El aluvión de iniciativas responde a un fenómeno que en los últimos meses se instaló en el centro de la agenda pública y que terminó por escalar a un cruce político de fondo entre la Nación y la Provincia. El propio gobierno de Axel Kicillofviene alertando sobre el salto de la morosidad bonaerense, mientras que desde la Casa Rosada el presidente Javier Milei sostiene que se trata de un problema entre privados en el que el Estado no debería intervenir.
El fenómeno no es exclusivo de la Provincia: en el Congreso Nacional se acumulan cerca de 30 proyectos de ley de la oposición con el mismo objetivo, entre ellos iniciativas de las diputadas Gabriela Estévez y Natalia Zaracho o del senador Pablo Juliano.
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Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, en mayo de este año ya había 1,84 millones de bonaerenses en mora, con una deuda total impaga de $6,49 billones. La tasa promedio provincial alcanzaba el 20,17%, con un impacto especialmente fuerte entre los sectores más jóvenes: en el segmento de hasta 25 años, la mora trepaba al 46,17%.
El malestar por el crecimiento de la morosidad ya se tradujo en al menos 10 proyectos de ley presentados en la Legislatura bonaerense, entre la Cámara de Diputados y el Senado, con matices según el bloque que los impulsa.
En Diputados, la legisladora Ana Luz Balor, de Unión por la Patria, es autora de dos iniciativas complementarias. La primera incorpora la figura del "sobreendeudamiento" en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, mediante una reforma a la ley 13.133, con un protocolo de mediación administrativa obligatoria y la suspensión de embargos y ejecuciones judiciales por 90 días para quienes acrediten esa condición. A eso suma un capítulo de educación financiera obligatoria en el nivel secundario.
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"Las familias no se están endeudando para comprar televisores ni para irse de viaje, sino para subsistir, pagar servicios y comprar alimentos" en un contexto de caída del poder adquisitivo y suba sostenida de precios, manifestó la legisladora.
La segunda iniciativa de Balor apunta puntualmente a las prácticas de las empresas de cobranza: se llama "Prohibición de hostigamiento y trato indigno por cobro extrajudicial de deuda" y busca sancionar el acoso telefónico, las amenazas y la exposición pública de los deudores, un vacío que según la diputada se agravó tras la derogación de una resolución nacional que regulaba la actividad de los estudios de cobranza.
Compartimos una reunión de trabajo con el Gobernador @Kicillofok , para repasar la agenda legislativa y los desafíos que enfrenta nuestra provincia en este momento tan complejo. Entre los temas centrales, abordamos el Proyecto de Ley de Protección de Familias Sobreendeudadas. pic.twitter.com/8ru3ok6Msl
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En esa misma Cámara, la legisladora Noelia Saavedra, también del peronismo, impulsa la creación de un "Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas", con un capítulo específico sobre créditos otorgados a través de aplicaciones, al que busca prohibirle condicionar los préstamos al acceso a contactos, galería de fotos, ubicación permanente o micrófono del usuario.
Desde la vereda opositora, la diputada Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, presentó una propuesta con un objetivo similar pero con otro texto: reforma la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar al "consumidor sobreendeudado" dentro de la categoría de sujeto "hipervulnerable", lo que le daría acceso a las políticas de protección ya previstas para ese universo, además de poner límites a las prácticas de cobranza extrajudicial, como el contacto con familiares o allegados del deudor.
En la Cámara baja, a la vez, la comisión de Reforma Política y del Estado dio dictamen favorable a un proyecto de la diputada Margarita Recalde, de Fuerza Patria y de La Cámpora, que busca proteger la vivienda única familiar frente a ejecuciones hipotecarias.
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La iniciativa avanzó con el respaldo del oficialismo y el rechazo de los bloques opositores, e incorpora una modificación al Código Procesal Civil y Comercial para crear una instancia de mediación a través de un incidente de liquidación de deuda: cuando una persona enfrente un juicio hipotecario sobre su único inmueble habitacional, podrá acreditar esa condición ante el juez e ingresar a un plan de pagos alternativo para frenar el remate.
Al fundamentar la iniciativa, Recalde alertó sobre la indefensión de los sectores excluidos del sistema bancario tradicional que recurren a prestamistas privados con cláusulas abusivas. "La persona a la que se le inicia el juicio muchas veces no se entera hasta que está prácticamente desalojada, porque no recibieron ningún tipo de notificación", cuestionó.
El diputado peronista Juan Martín Malpeli presentó un proyecto que incorpora dos capítulos nuevos a la Ley 13.133: uno de "Protección del consumidor en operaciones de crédito y financiación" y otro de "Publicidad y promoción del crédito de consumo".
La iniciativa obliga a la autoridad de aplicación a prevenir prácticas que generen un incremento "manifiestamente desproporcionado" de la deuda originalmente contraída a raíz de refinanciaciones sucesivas, prohíbe que un proveedor debite automáticamente fondos disponibles del consumidor para cancelar una deuda sin autorización expresa, y habilita a pedir información a las entidades cuando el costo financiero de una operación resulte desproporcionado respecto de las condiciones de mercado.
En materia de publicidad, prohíbe presentar un crédito como si fuera un ingreso o saldo propio del consumidor, ofertar como gratuita una operación que en realidad genera intereses o cargos, y destacar promociones cuyo costo real no pueda conocerse antes de la contratación.
El proyecto alcanza a los créditos ofrecidos por aplicaciones, billeteras virtuales y plataformas digitales, y en sus fundamentos Malpeli menciona la marcha reciente que se realizó para reclamar por la morosidad generada por créditos de billeteras virtuales y plataformas de e-commerce.
Por su parte, el diputado Ariel Archanco, de Unión por la Patria, presentó una iniciativa más amplia que incorpora un capítulo completo a la Ley 13.133 bajo el título "De los derechos del consumidor de servicios financieros", aplicable a préstamos personales, créditos prendarios e hipotecarios sobre vivienda única, tarjetas de crédito y financiaciones otorgadas por entidades bancarias, no bancarias, mutuales, cooperativas o plataformas digitales.
El proyecto declara "manifiestamente abusivo" el spread o diferencial de tasa que resulte desproporcionado respecto de las condiciones de mercado, carezca de justificación técnica o genere una carga excesiva para el consumidor, y crea un derecho a pedir la "adecuación" del crédito cuando cambios extraordinarios en las variables económicas -tasa de política monetaria, costo del fondeo, inflación- alteren significativamente el equilibrio original del contrato, en base a la teoría de la imprevisión del Código Civil y Comercial.
También establece un procedimiento administrativo gratuito y obligatorio de renegociación ante la Autoridad de Aplicación, sin que esta pueda fijar tasas o condiciones financieras, y un régimen de "carga dinámica de la prueba" que obliga al proveedor a demostrar que una tasa cuestionada no es abusiva. En sus fundamentos, Archanco aclara que la Provincia no puede fijar topes de tasa por tratarse de una facultad del Congreso Nacional, y que por eso el proyecto opta por mecanismos de adecuación y control de abusividad caso por caso, en línea con antecedentes de España, Francia, Brasil, Italia y Alemania.
El texto también señala que la desactivación del COPREC nacional en 2025 dejó a los consumidores sin una instancia de conciliación gratuita, vacío que la iniciativa busca cubrir a nivel provincial.
El diputado bonaerense Sergio Berni, del peronismo.
En el Senado, el legislador Sergio Berni, de Fuerza Patria, presentó un proyecto acotado a los empleados públicos bonaerenses: busca limitar el endeudamiento a través de topes a los descuentos por planilla salarial, con un mecanismo de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación del sueldo y bloqueos automáticos al llegar al límite legal.
El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, presentó otra iniciativa centrada en el Banco Provincia: crea el "Régimen Extraordinario de Regularización, Recuperación del Crédito y Refinanciación de Deudas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires", con planes de pago a 60 meses y el congelamiento de embargos para grupos familiares con ingresos netos de hasta 10 salarios mínimos, vitales y móviles.
Por último, el senador Marcelo Feliú impulsa el proyecto de mayor alcance entre los siete: crea el Equipo Legal Especializado en Sobreendeudamiento (ELES), un cuerpo de abogados que brindaría asesoramiento gratuito a los deudores y que tendría facultades para citar a los proveedores financieros, además de un Sistema de Información Provincial sobre Endeudamiento para relevar qué sectores, géneros y regiones sufren mayor impacto, y un capítulo de educación financiera obligatoria.
A esa lista se suma un proyecto de declaración del senador justicialista Fernando Coronel en el que manifiesta su "profunda preocupación por la situación de morosidad de las familias en la provincia de Buenos Aires". En el texto, se citan los últimos datos disponibles de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU), correspondientes a mayo de 2026, según los cuales el 28,5% de los bonaerenses endeudados registra al menos una deuda en mora, lo que equivale a unas 2,18 millones de personas con problemas para cumplir sus obligaciones financieras.
El proyecto agrega que el dinero adeudado en situación irregular representa el 17,8% del total de los créditos de las personas bonaerenses, es decir que casi $18 de cada $100 adeudados están en mora.
Frente al diagnóstico de Milei, Kicillof salió a cuestionarlo con números propios. "El 60% de la población adulta del país está endeudada: son 21 millones de personas. De ese total, uno de cada cinco, unos 6 millones, está en situación de mora", graficó el gobernador días atrás en una conferencia de prensa en la que anunció nuevas medidas vinculadas al endeudamiento familiar a través de billeteras virtuales, financieras no bancarias y otras entidades de crédito.
Hoy, en una entrevista con Radio 10, el mandatario puntualizó: "Milei sube las tasas. Ante los bajos salarios, la gente no podrá pagar sus deudas. La morosidad se multiplicó por 5. No es la gente, es Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos. Milei renuncia a lo que debería hacer y deja a millones de personas en estado de indefensión".
Según detalló, en el caso de los bancos la mora se multiplicó por cinco durante la gestión de Javier Milei, al pasar del 2,5% al 12,8%; la de quienes se endeudan con billeteras virtuales se cuadruplicó, y la de quienes toman crédito con financieras no bancarias pasó del 17,5% al 43%.
En ese contexto, la Provincia puso el foco además en las billeteras virtuales, uno de los canales de crédito digital que más creció entre los sectores de menores ingresos. Defensa del Consumidor abrió expedientes a partir de denuncias contra empresas del sector por las condiciones de los préstamos, las tasas y las prácticas de cobranza.
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, aseguró que detectaron créditos con tasas que pueden superar el 1.000%, en operatorias que suelen ofrecerse con solo la fotocopia del DNI y sin mayores controles sobre la capacidad de pago del usuario.
El brazo ejecutivo de esa estrategia es el Banco Provincia, que desde julio viene profundizando su plan de refinanciación "Ponete al Día", destinado a clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. El esquema redujo sustancialmente las tasas de interés y extendió los plazos de pago hasta 72 meses, con condiciones segmentadas según el nivel de atraso y el perfil socioeconómico de cada cliente: para quienes presentan mora temprana -de hasta 90 días- y cobran su sueldo, jubilación o pensión en la entidad, la tasa se fijó en 50% anual, que baja al 39% si los ingresos del titular no superan los cuatro salarios mínimos.
En los casos de mora avanzada -más de 90 días- o cuando la refinanciación convencional comprometería más de la mitad del salario del cliente, la tasa cae al 31% anual. El banco también flexibilizó los requisitos para excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, que acceden directamente a las tasas más bajas.
Según los últimos datos difundidos por la entidad que conduce Juan Cuattromo, durante 2026 ya se realizaron más de 100.000 operaciones de refinanciación por un monto superior a los $390.000 millones -un crecimiento del 382% respecto de igual período de 2025-, de las cuales el 96% corresponde a personas físicas y el 4% a empresas.
El tema también tuvo una escala institucional este martes en la Cámara de Diputados, con una charla debate sobre posibles herramientas para abordar el endeudamiento familiar. La actividad, organizada junto con la Fundación Encuentro y la Fundación de Estudios para la Justicia, se realizó a la tarde y tuvo como eje los antecedentes, la legislación vigente y las posibles respuestas frente al sobreendeudamiento.
Del encuentro participaron el juez de Cámara de San Martín, Claudio Fede, el diputado nacional Guillermo Michel y la diputada bonaerense Sofía Vannelli, del Frente Renovador, quien también presentó una iniciativa parlamentaria propia para abordar esa problemática. "La intención fue cruzar la perspectiva judicial con el debate legislativo y la discusión sobre políticas públicas destinadas a quienes ya no pueden afrontar sus obligaciones", explicaron desde la organización del encuentro.
La "estabilidad" y el superávit que festeja el gobierno de Milei son una ficción que se sostiene ahogando y endeudando el bolsillo de las familias trabajadoras. Este proyecto ofrece un alivio real frente a la trampa de la usura, reactivando los Créditos ANSES con tasas justas y… https://t.co/psq9STmP03
Entre los puntos abordados figuraron el alcance de la Ley de Defensa del Consumidor y las herramientas disponibles frente a situaciones de endeudamiento que pueden comprometer buena parte de los ingresos de los bonaerenses, además del contexto socioeconómico que explica el crecimiento de la morosidad y su impacto sobre la dignidad de las personas.
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