Malvinas y juicio en ausencia: cómo es la herramienta que propone Javier Milei y por qué es difícil de aplicar

El juicio en ausencia ya existe en Argentina, pero solo aplica a terrorismo y crímenes internacionales. Para usarlo contra empresas que exploten recursos en Malvinas, el Congreso debería modificar la ley.

Por Vanesa Petrillo7 min de lectura
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Malvinas y juicio en ausencia: cómo es la herramienta que propone Javier Milei y por qué es difícil de aplicar
Malvinas y juicio en ausencia: cómo es la herramienta que propone Javier Milei y por qué es difícil de aplicar

El juicio en ausencia ya existe en Argentina, pero solo aplica a terrorismo y crímenes internacionales. Para usarlo contra empresas que exploten recursos en Malvinas, el Congreso debería modificar la ley.

Archivo. En cadena nacional, el Presidente anunció medidas en relación a la causa Malvinas.

El Gobierno anunció que buscará aplicar el juicio en ausencia contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Sin embargo, la herramienta fue incorporada al sistema penal argentino en 2025 para un universo acotado de delitos, entre ellos terrorismo y crímenes internacionales, genocidio y de lesa humanidad.

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Para utilizarla en un caso por explotación petrolera, el Congreso debería ampliar su alcance. Además, aparecen interrogantes vinculados con la jurisdicción argentina, el derecho de defensa y la posibilidad concreta de ejecutar una eventual condena.

El presidente Javier Milei anunció una batería de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, entre ellas un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el área bajo control británico.

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Archivo. En un giro 180°, Milei anunció sanciones y medidas por la explotación petrolera en la cuenca Malvinas norte.

Pero uno de los anuncios más llamativos fue la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia para avanzar penalmente contra quienes intervengan en esas actividades y no se presenten ante la Justicia argentina.

¿Puede aplicarse hoy el juicio en ausencia a una causa relacionada con la explotación petrolera en Malvinas? La respuesta, con la legislación vigente, es que no de manera directa, según abogados especialistas consultados.

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Se trata de un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y llegue eventualmente a una sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal. La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año. La norma establece, sin embargo, que no puede utilizarse para cualquier delito.

La Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El artículo 431 ter del Código Procesal Penal de la Nación señala que el juicio en ausencia resulta aplicable únicamente a causas vinculadas con determinados delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión— o con determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo.

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Es decir: la ley argentina no creó un juicio en ausencia general para cualquier persona que se encuentre fuera del país o se niegue a comparecer.

El antecedente que impulsó políticamente la incorporación de esta herramienta al derecho argentino fue la investigación por el atentado contra la AMIA, donde varios de los acusados permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina desde hace años.

De hecho, el gobierno de Milei presentó originalmente la iniciativa con la mira puesta en esa causa. En enero de 2025, la propia Presidencia sostuvo que el proyecto buscaba evitar que los responsables del atentado quedaran impunes.

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La reforma finalmente sancionada permitió avanzar con juicios en ausencia en investigaciones por terrorismo y otros delitos internacionales. En 2025, la Justicia argentina dispuso avanzar bajo este mecanismo contra acusados por el atentado a la AMIA, convirtiendo a esa causa en el principal antecedente práctico de la nueva legislación.

El juez federal Daniel Rafecas en junio pasado habilitó el juicio en ausencia contra los imputados iraníes y libaneses declarados rebeldes.

Aquí aparece el principal escollo. El eventual delito que pretende utilizar el Gobierno para sancionar a quienes exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas no encaja automáticamente dentro de las categorías que actualmente habilitan el juicio en ausencia.

La legislación sobre hidrocarburos en Malvinas ya establece sanciones para determinadas actividades realizadas sin autorización argentina. El Gobierno anunció ahora que pretende modificar y endurecer ese esquema, incluyendo a empresas, accionistas y proveedores vinculados con esas operaciones.

Pero una cosa es crear o agravar una figura penal o una sanción y otra diferente es habilitar que esa eventual investigación pueda terminar en un juicio realizado sin la presencia del acusado.

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Para eso, el Congreso debería establecer expresamente que ese tipo de delitos también puede ser juzgado en ausencia.

Milei no puede simplemente tomar la actual Ley 27.784 y aplicarla a una causa petrolera en Malvinas si el delito investigado no está dentro de su ámbito.

El otro problema: ¿hasta dónde llega la jurisdicción argentina?

Hay además una cuestión todavía más compleja. Las personas y empresas a las que podría apuntar la medida operan en un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina pero que actualmente está bajo administración británica.

El proyecto Sea Lion, que está en el centro de la nueva disputa, es impulsado por compañías vinculadas a la explotación petrolera alrededor de las islas. El Reino Unido sostiene su posición sobre las islas y las empresas consideran legítimas las autorizaciones otorgadas para avanzar con el proyecto.

Por eso, aunque Argentina dicte una sentencia, aparece una dificultad práctica evidente: ¿cómo se detiene a una persona que permanece en territorio británico?, ¿cómo se ejecuta una condena?, ¿cómo se hace efectiva una eventual orden de captura?

El juicio en ausencia puede permitir que un tribunal argentino dicte una sentencia sin tener al acusado sentado en el banquillo. Pero no elimina las reglas internacionales sobre jurisdicción, extradición y reconocimiento de las decisiones judiciales de otros Estados.

La sentencia, por sí sola, no significa que una persona vaya a ser detenida automáticamente en otro país. También está en juego el derecho de defensa.

La figura tampoco permite un juicio secreto ni elimina las garantías del acusado. La propia Ley 27.784 establece que, si el imputado no tiene abogado, debe designársele un defensor oficial y que durante el proceso sus derechos serán ejercidos por su defensa. Además, el juicio debe ser registrado íntegramente por medios audiovisuales.

La norma también prevé una protección posterior: si la persona condenada en ausencia se presenta después de la sentencia, puede solicitar un nuevo juicio en determinados supuestos, por ejemplo si demuestra que no había tenido conocimiento del proceso o que existió un impedimento grave y legítimo para presentarse.

Por eso, una eventual ampliación de la herramienta para delitos vinculados con Malvinas debería superar también el control judicial sobre su compatibilidad con las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa. El camino anunciado por Milei es, en principio, legislativo.

El Presidente anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas y establecer nuevas herramientas de defensa de la soberanía. Entre las medidas anunciadas aparece justamente la posibilidad de utilizar el juicio en ausencia.

Por lo tanto, el Congreso debería discutir no solamente qué conductas serán consideradas delitos o infracciones, sino también si esas conductas quedarán incluidas dentro de los supuestos que permiten juzgar a una persona sin su presencia.

Ese punto es importante porque la Ley 27.784 fue deliberadamente restrictiva: el juicio en ausencia quedó reservado a determinados delitos de extrema gravedad, principalmente aquellos relacionados con terrorismo y los crímenes previstos por el Estatuto de Roma.

El anuncio presidencial abre así una discusión que va mucho más allá de Malvinas. El juicio en ausencia existe en Argentina, pero no es una herramienta penal de aplicación general. Su utilización en una eventual causa contra empresarios, directivos o trabajadores vinculados con la explotación petrolera en las islas requeriría una modificación legislativa que amplíe expresamente los delitos alcanzados.

Y aun con esa reforma, quedarían otros interrogantes: la jurisdicción argentina sobre los hechos, el respeto por el derecho de defensa, el reconocimiento de una eventual sentencia en el extranjero y, fundamentalmente, la posibilidad real de ejecutar una condena sobre personas que permanezcan fuera del alcance territorial de la Justicia argentina.

El antecedente de la AMIA muestra para qué fue pensada originalmente la herramienta: evitar que la imposibilidad de traer al acusado al país termine paralizando durante décadas una investigación por terrorismo.

El desafío que ahora plantea el Gobierno es distinto: llevar ese mecanismo a un conflicto de soberanía y explotación de recursos.

Por eso, más que una aplicación automática de la ley vigente, el anuncio de Milei supone abrir una nueva discusión legislativa sobre hasta dónde puede llegar el juicio en ausencia en la Argentina.

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