Malvinas: oficializan el aumento del presupuesto para Defensa y las sanciones por la explotación de recursos

Luego del discurso en cadena nacional del Presidente, el Ejecutivo oficializó dos decretos que modifican el presupuesto de Defensa y otorgan a Cancillería nuevas facultades para avanzar contra empresas que exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

El Ejecutivo advirtió que, si la adecuación presupuestaria no se realizaba de manera inmediata, podría verse comprometida la prestación de determinados servicios esenciales a cargo del Estado Nacional.

El presidente Javier Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante la cadena nacional y, horas después, el Gobierno formalizó en el Boletín Oficial dos medidas vinculadas con la defensa nacional y la protección de los recursos estratégicos.

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A través del DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, el Ejecutivo dispuso un aumento del presupuesto destinado a Defensa y estableció un nuevo esquema para detectar y eventualmente sancionar actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

El Gobierno modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aunque el decreto no precisa cuál será el porcentaje adicional destinado al Ministerio de Defensa. La decisión apunta, según los fundamentos de la medida, a reasignar recursos para que las áreas correspondientes cuenten con los fondos necesarios para cumplir sus funciones.

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El Ejecutivo advirtió que, si la adecuación presupuestaria no se realizaba de manera inmediata, podría verse comprometida la prestación de determinados servicios esenciales a cargo del Estado Nacional.

Durante su discurso, Milei vinculó el refuerzo presupuestario con una estrategia de largo plazo para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur. El mandatario sostuvo que el Estado debe utilizar las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender la soberanía y los recursos del país.

El segundo eje de las medidas quedó establecido mediante el Decreto 868/2026, que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. La norma contempla sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

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A partir de la nueva reglamentación, todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería, dentro de los cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho que pueda quedar comprendido dentro de las conductas alcanzadas por la ley.

A partir de la nueva reglamentación, Cancillería deberá ser informada dentro de los cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho comprendido dentro de la ley.

Con esa información, la cartera podrá iniciar de oficio o a partir de la comunicación de otro organismo el correspondiente procedimiento administrativo. Si existen indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor, que tendrá diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego de la notificación, Cancillería contará con otros diez días hábiles administrativos para definir si archiva las actuaciones o aplica la sanción correspondiente.

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La reglamentación también incorporó modificaciones para trámites relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el sector hidrocarburífero. En esos casos, las empresas deberán presentar declaraciones juradas en las que manifiesten que ni ellas ni sus participantes directos o indirectos incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Además, Cancillería podrá intervenir para determinar si existen conductas incompatibles con esa normativa. El mismo criterio alcanzará a permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones contemplados en la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

El refuerzo de las políticas de defensa se produjo en el marco del avance de proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvina Norte. Durante la cadena nacional, Milei cuestionó específicamente el desarrollo del proyecto Sea Lion y consideró que se trata de una situación de especial gravedad por la extracción de un recurso no renovable que, según su planteo, pertenece a los argentinos.

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El Presidente advirtió que, de no intervenir, en los próximos meses podría existir capacidad material para avanzar sobre las reservas de petróleo ubicadas bajo el mar argentino. También sostuvo que el desarrollo de esas actividades podría generar un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las islas y continúe con la explotación de recursos.

Además de los decretos publicados en el Boletín Oficial, Milei anunció durante su mensaje que enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar la política de seguridad nacional. Entre las iniciativas mencionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

El mandatario también anticipó la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la proyección argentina en el Atlántico Sur.

Durante su discurso, Milei planteó que la seguridad nacional no se limita a la defensa física del territorio, sino que también comprende la protección de los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura crítica y la capacidad de decisión del país.

Finalmente, el Presidente convocó a los sectores opositores a acompañar estas iniciativas y sostuvo que la defensa de la soberanía debe pensarse en función de las próximas generaciones y no solamente de la próxima elección.

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