Malvinas: cuáles son las 45 empresas y personas que quedaron bajo la mira del Gobierno por la explotación de petróleo

La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Navitas y Rockhopper, impulsoras del proyecto Sea Lion, encabezan la lista.

Dos compañías británica e israelí, en el centro del debate.

El Gobierno avanzó con procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en medio de la escalada de la disputa por el desarrollo petrolero Sea Lion.

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La medida alcanza a compañías que poseen licencias para operar en el área, pero también a accionistas, ejecutivos, inversores y proveedores de servicios relacionados con los proyectos hidrocarburíferos que la Argentina considera ilegales por no contar con autorización nacional.

En el centro de las actuaciones aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que llevan adelante Sea Lion, el proyecto que prevé una inversión cercana a u$s1.800 millones para comenzar a producir petróleo en aguas próximas a las Malvinas en 2028.

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El listado tiene, además, un alcance internacional. Incluye actores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros países.

Entre las compañías señaladas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, vinculadas al desarrollo de Sea Lion. También figuran accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.

Por el lado de Rockhopper, el listado comprende a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de accionistas e inversores relacionados con la compañía británica.

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Las actuaciones se extienden también a firmas relacionadas con otros desarrollos en el área, como Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands. En este último caso aparece además Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de JHI, junto con algunos de sus inversores.

Pero el alcance oficial no se limita a quienes poseen participación directa en los proyectos. Entre los nombres señalados también aparecen compañías vinculadas a la provisión de infraestructura, servicios o asesoramiento, como Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, además de inversores institucionales con participaciones en algunas de las firmas involucradas.

Buena parte de la tensión se concentra en Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.

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Ambas compañías aprobaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla un desembolso de aproximadamente u$s1.800 millones, de los cuales cerca de u$s1.000 millones provendrían de financiamiento mediante deuda.

Las proyecciones apuntan a comenzar la producción durante 2028, con unos 55.000 barriles diarios en la etapa inicial. Navitas calcula que el yacimiento cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a 603 millones.

El Gobierno argentino rechaza el proyecto debido a que se desarrolla en un área cuya soberanía reclama el país y sin autorización de las autoridades nacionales.

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Las proyecciones apuntan a comenzar la producción durante 2028, con unos 55.000 barriles diarios en la etapa inicial.

La ofensiva argentina se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para personas y compañías que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

De acuerdo a lo que expresa la ley, el régimen prevé principalmente:

Las consecuencias pueden extenderse más allá de las compañías que operan directamente en los yacimientos y alcanzar a empresas que les presten servicios o mantengan determinados vínculos con ellas. Entre las medidas previstas aparecen inhabilitaciones para operar en la Argentina y restricciones para acceder a permisos vinculados con la actividad energética.

El Gobierno reforzó recientemente este esquema y aceleró los procedimientos destinados a determinar responsabilidades entre los distintos actores relacionados con los proyectos.

La estrategia ya comenzó a tener repercusiones entre las grandes compañías internacionales de servicios petroleros. SLB, Halliburton y Baker Hughes marcaron distancia de Sea Lion y aseguraron que no participan del proyecto ni prevén involucrarse en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

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