Los diez días más caros del mes

Por: Claudio David Montiel
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Por: Claudio David Montiel

Nadie vive diez días sin comer ni beber. Lo que ocurre es que se consume con tarjeta, billetera virtual, préstamo personal o el dinero de un prestamista. Por eso corresponde preguntarse cuánto cuesta ese consumo financiado y quién termina pagándolo.

Los datos del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix, relevados entre el 22 y el 30 de septiembre sobre 1.438 casos de todo el país, indican que el 65,3% de los argentinos se queda sin ingresos a más tardar el día 20 del mes. Solo el 24,2% llega a fin de mes y apenas el 9,8% logra ahorrar. La situación empeoró: en enero el 33,3% se quedaba sin ingresos al día 20, en marzo el 56,3% y desde abril supera el 60%, mientras que el ahorro cayó del 24,5% al 9,8%. Esa diferencia se cubre con deuda.

El 56,2% tomó algún crédito en los últimos seis meses: el 55,1% lo destinó a alimentos y salud y el 21,3% a pagar tarifas y servicios; solo el 11,8% compró bienes durables. Tres de cada cuatro endeudados usaron el crédito para subsistir, no para ampliar su consumo. El inconveniente es que esa deuda se cancela con el ingreso del mes siguiente. Llegar endeudado reduce el ingreso disponible del próximo ciclo, adelantando el bache financiero y forzando nuevos créditos. Una deuda que financia un déficit estable difícilmente pueda considerarse transitoria.

Entre los endeudados, solo el 18,9% paga sin dificultad, el 33,7% lo hace con alguna dificultad, el 28,9% con mucha, el 12% se atrasó y el 6,4% ya no puede pagar. La percepción sobre los precios ayuda a entender por qué el ingreso rinde menos. El 67,1% afirma que la inflación del INDEC no refleja su realidad cotidiana (métrica que nunca bajó del 56,4% en catorce meses). Los hogares comparan su sueldo con el nivel de precios acumulado, no con el flujo mensual: una inflación más baja sigue sumando sobre un costo de vida inalcanzable. Por eso, el 81,8% considera que su salario pierde contra la inflación, frente al 77% en septiembre de 2025.

Esta percepción cruza alineamientos políticos. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en 2025, el 59,1% afirma que su salario no le gana a la inflación, frente al 97% entre los votantes opositores. Casi seis de cada diez votantes del oficialismo sienten que pierden poder adquisitivo. Los indicadores oficiales apuntan en la misma dirección. Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% en el primer semestre de 2026 (4,1 puntos más que el periodo previo) y la indigencia subió de 6,3% a 7,5%. Este nivel es igual al del primer semestre de 2025 (31,6%), sugiriendo que la baja anterior se revirtió. El instituto explica que los ingresos familiares subieron 11,5%, mientras que la canasta básica total aumentó 19,6% y la alimentaria 21,4%. La desocupación fue de 7,9% en el segundo trimestre (la más alta desde 2021) y la informalidad alcanzó al 45%. Según Invecq, se perdieron unos 46.000 empleos asalariados privados registrados en el semestre.

El consumo refleja esta situación. Según el INDEC, en julio las ventas de supermercados cayeron 2,1% interanual y las de autoservicios mayoristas 1,1%. CAME registró en septiembre una baja minorista mensual del 1,2% (-2,1% acumulado en 2026), con alimentos cayendo 3,1% interanual. El pago de deudas deprime el consumo y la contratación, forzando a más hogares a endeudarse. Los eslabones independientes como pobreza, desempleo y morosidad se mueven en la misma dirección.

A esto se suma el costo del financiamiento. Existen billeteras que cobran 1.400% de interés anual en un contexto de inflación de alrededor de 30%, una tasa casi 47 veces superior que se descuenta del ingreso futuro. Según el Banco Central, la morosidad de las familias llegó en julio a 12,9%, el nivel más alto de su serie, y la UNSAM estima que la parte del ingreso destinada a pagar deudas pasó del 10% a casi el 25% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Cuando el crédito formal resulta insuficiente, los hogares recurren al informal. El 63,8% de los endeudados usó el sistema formal, el 19,6% acudió a prestamistas informales y el 12,9% combinó ambos: uno de cada tres se financió fuera del sistema. La dependencia de los prestamistas es mayor entre los jóvenes: el 35,8% de los de 18 a 39 años recurrió solo a ellos, con mayor peso en la clase baja.

El deterioro no se distribuye de manera uniforme. Entre los menores de 40 años el 72% se queda sin ingresos hacia el día 20, solo el 3% ahorra y el 60,9% tomó deuda. En la clase baja el 83,3% no supera el día 20, el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó; entre ellos, el 73,4% paga con mucha dificultad, se atrasó o ya no puede pagar, frente al 5,6% en la clase alta. Las mujeres enfrentan una situación aún más ajustada: el 77,4% se queda sin ingresos al día 20 contra el 52,1% de los varones, solo el 6,5% ahorra frente al 15,1%, y el 57% considera que hoy hacen falta tres o más fuentes de ingreso para llegar a fin de mes.

Existe además un riesgo que excede lo económico: la seguridad en los barrios vulnerables. El prestamista informal no ofrece plazos de gracia ni refinanciación y dispone de métodos de cobro propios. Si la mora aumenta, el cobro coactivo deja de ser una hipótesis. No lo planteo como una predicción sino como una advertencia ante la posibilidad de ver casos de violencia por deudas incontrolables. Los endeudados de hoy son los morosos de mañana; antes que un problema financiero, son personas en riesgo de convertirse en víctimas.

Esto lo planteé el 15 de septiembre en el Congreso, ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, al sostener que la morosidad dejó de ser un problema micro. El 67% espera intervención del Estado frente a la morosidad y solo el 29,1% considera que no debería intervenir. Más de seis de cada diez prefieren que se regulen el otorgamiento y las condiciones de los créditos, el 23,6% que se refinancien las deudas a través del Banco Central y el 7,5% que se condonen por ley. La discusión parlamentaria, sin embargo, fracasó: tras salir tres dictámenes distintos, la Cámara votó por 121 votos contra 117 devolver el proyecto a comisión y levantó la sesión sin nueva fecha, dejando a los morosos librados a su suerte.

En la Argentina también hay un plazo que se acorta. En agosto, el 38,7% dijo querer que el modelo continúe de cara a 2027, pero el 53,2% afirmó que ya se le acabó la paciencia para esperar resultados. Eso sugiere una tensión entre el tiempo político y el del bolsillo. Por eso la discusión no debería limitarse a cómo se llega al día 30, sino cuánto cuesta llegar de ese modo y qué ocurre cuando la cadena se corta. Esos diez días del mes ya se comieron, se bebieron y se pagaron en cuotas, y la cuenta llegará tarde o temprano. Cuando el Estado no ofrece soluciones, ese lugar lo ocupa el delito organizado. Todavía estamos a tiempo de evitarlo: hay margen para ordenar el sistema, con reglas claras para el crédito, tasas transparentes y atención prioritaria a los hogares más expuestos.

*Director y fundador de Zentrix Consultora

Fuentes: Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora (septiembre de 2026: 1.438 casos relevados del 22 al 30 de septiembre, encuesta online con cuotas por sexo, edad y región, margen de error de ±2,6% con 95% de confianza); INDEC; CAME; Banco Central; UNSAM; Invecq.

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