LLA le ganó la pulseada al PRO y se quedó con una silla en el Consejo de la Magistratura bonaerense

La Cámara alta provincial designó a la libertaria María Cecilia Martínez como consejera suplente y cerró la vacante que permanecía abierta por la minoría tras una disputa con el PRO. El oficialismo, en cambio, aún no logra cubrir dos lugares por falta de senadores abogados.

El Consejo de la Magistratura bonaerense va tomando cuerpo con las nuevas designaciones.

El Senado bonaerense terminó de cerrar este jueves la vacante que le quedaba pendiente a la oposición en la integración del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar, nombrar y controlar disciplinariamente a los jueces y fiscales de la provincia. La marplatense María Cecilia Martínez fue designada consejera suplente en representación de La Libertad Avanza, tras varias semanas de tironeos con el PRO por ese lugar.

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La designación se concretó mediante un proyecto de resolución presentado por los senadores Carlos Curestis y Sergio Berni. Todavía restan por cubrirse el segundo consejero titular y su suplente por el oficialismo.

Por el Poder Ejecutivo, el gobernador Axel Kicillof designó días atrás, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, a los nuevos representantes que le corresponden ante el organismo, en cumplimiento de lo establecido por la ley 11.868. Como consejeros titulares fueron nombrados los abogados Santiago Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Révora.

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Pérez Teruel es asesor general de Gobierno y hombre de máxima confianza de Kicillof, con línea directa al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Pellegrini se desempeña como subsecretario de Política Criminal y es un hombre cercano al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, mientras que Révora ocupa la subsecretaría de Asuntos Municipales y es referente de La Cámpora. Como suplentes fueron nombrados la exsenadora Gabriela Demaria, quien reemplazará a Pérez Teruel; Ana Laura Ramos, suplente de Pellegrini; y Gustavo Alberto Gamino, suplente de Révora.

A ellos se suman Mena y su suplente, Inti Nahuel Pérez Aznar, que continúan al frente de la representación del Ejecutivo con mandato vigente hasta diciembre de este año, con lo cual las vacantes que le correspondían al Poder Ejecutivo quedaron totalmente cubiertas.

Por la Legislatura, la Cámara de Diputados bonaerense ya completó y juró a sus representantes: Mariano Cascallares (MDF) y Sofía Vanelli (Frente Renovador) como consejero titular y suplente, a los que se suman Facundo Tignanelli -camporista, que además ejerce la vicepresidencia del Consejo-, Avelino Zurro (cristinismo), Germán Di Césare y Ricardo Lissalde (Frente Renovador).

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Por el Senado bonaerense, el bloque oficialista Fuerza Patria ya había nombrado en junio a Sergio Berni como titular y a Fernando Coronel como suplente, mientras que la oposición designó a María Luz Bambaci, de La Libertad Avanza, como titular. Esos tres nombres cubrían la mitad de las seis sillas que le corresponden a la Cámara alta en el Consejo. De las tres vacantes que restaban -un segundo consejero titular y su suplente por el oficialismo, y un suplente por la oposición-, la sesión de hoy resolvió solo esta última, con la designación de Martínez. Las otras dos siguen sin cubrirse y no tienen fecha a la vista: Fuerza Patria no cuenta con un cuarto abogado en su bancada del Senado para ocuparlas, ya que ser abogado es requisito excluyente para integrar el Consejo.

Ese problema de los abogados no es nuevo: entre los tres que tiene Fuerza Patria en el bloque -Berni, Coronel y Marcelo Feliú-, ya alcanzaron para cubrir los dos lugares que ocupan Berni y Coronel, pero no para un segundo titular. Eso llevó a Kicillof a intentar, en un primer momento, que Cascallares ocupara uno de los lugares faltantes por el Senado; esa jugada no prosperó y el legislador terminó siendo designado por Diputados. Por el lado opositor, la nueva correlación de fuerzas dentro de la UCR derivó, además, en el reemplazo de Valentín Miranda por Diego Garciarena como representante suplente del radicalismo.

La pulseada por el lugar suplente de la oposición tuvo, además, un condimento propio: hace algunas semanas, cuando todo indicaba que el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini reuniría los apoyos para acompañar a Bambaci, un freno interno dentro del propio PRO dejó ese nombramiento en stand by y la definición terminó postergándose. Esta vez, en cambio, la balanza se inclinó por Martínez, la marplatense alineada al referente de la Quinta Sección, Alejandro Carrancio y Sebastián Pareja.

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Durante la actual gestión, el Consejo logró confeccionar más de 600 ternas por consenso entre los distintos estamentos, lo que permitió avanzar con cientos de nombramientos pese a la tensión política. Sin embargo, la dinámica de la Legislatura, marcada por las diferencias entre oficialismo y oposición, demoró el tratamiento de numerosos pliegos, en un contexto en el que el Poder Judicial bonaerense arrastra alrededor de 300 vacantes sin cubrir.

El organismo está presidido por Daniel Soria, ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, mientras que la vicepresidencia corresponde a Tignanelli, en representación del Poder Legislativo. Por el Poder Judicial, los consejeros titulares son Camilo Eduardo Petitti, Pablo Gabriel Quaranta y Claudio Jesús Santagati, con Rodrigo Hernán Cataldo, Patricia Fabiana Ochoa y Mirtha Inés Francese como suplentes. Por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, la representación se divide entre Gran Buenos Aires y resto de los municipios: como titulares figuran Marina Mongiardino y Adriana Cecilia Coliqueo por el conurbano, y Luciano Capelli y Leandro Augusto Gabás por el interior; como suplentes, Martín Rivas, Eduardo Gabriel Sreider, María Rosa Fernández Othacéhé y Horacio Oscar Deluca.

Por otra parte, los tres poderes del Estado bonaerense trabajan en el ordenamiento del llamado Mapa Judicial, es decir, cómo y dónde se crean nuevos juzgados y fiscalías en el territorio provincial.

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La Comisión Permanente de Mapa Judicial, creada por ley en 2018 durante la gestión de María Eugenia Vidal (Ley 15.044) e integrada por representantes de los tres poderes y de los colegios profesionales, retomó sus reuniones esta semana después de un largo parate.

Del encuentro participaron, entre otros, el ministro de la Suprema Corte Soria, el procurador general Julio Conte Grand, el ministro de Justicia Mena, un representante del Ministerio de Economía, los titulares del Colegio de Abogados y del Colegio de Magistrados, y legisladores de distintos bloques, entre ellos las diputadas oficialistas Lucía Iañez y Maite Alvado y el jefe de bancada de Nuevos Aires, Gustavo Cuervo. Todavía falta que el Senado designe a los tres senadores que le corresponden en ese cuerpo, algo que se espera se resuelva en las próximas semanas.

El objetivo del espacio es construir un diagnóstico común para poner orden entre los cerca de 16 proyectos con estado parlamentario que proponen la creación de nuevos juzgados -la mayoría del fuero de Familia- y luego establecer un orden de prioridades para su tratamiento legislativo. Antes de llegar al recinto, cualquier iniciativa de este tipo debe pasar primero por esta comisión, dado el nivel de complejidad administrativa y operativa que implica.

En las reuniones también surgió la preocupación por juzgados que ya fueron creados pero que arrastran falencias, como la falta de defensorías, y quedó planteado -aunque para más adelante- el debate sobre si hace falta crear nuevos departamentos judiciales en la provincia.

Otro de los puntos acordados fue la necesidad de unificar los datos que manejan la Procuración y el Ministerio de Justicia sobre litigiosidad, hoy dispares, como paso previo a cualquier definición. La idea es llegar, después de dos o tres encuentros más, a un dictamen -de carácter no vinculante- que se presente formalmente ante diputados y senadores, con el objetivo de que las primeras sanciones puedan darse entre septiembre y octubre.

Desde el Poder Judicial, además, reclamaron durante el encuentro la creación de una vía que le permita a ese poder girar directamente sus propios proyectos a la Legislatura, algo que hoy no está contemplado y que sí pueden hacer el Ejecutivo y el propio Poder Legislativo.

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