Ley Defensa de la Soberanía Nacional: todos los cambios que el oficialismo tuvo que hacer al proyecto

El proyecto amplía de 133 a 154 artículos la propuesta original e incorpora cambios en las penas, las restricciones vinculadas con Malvinas, el control de inversiones extranjeras y las facultades de seguridad nacional.

Defensa de la Soberanía Nacional: todos los cambios del proyecto.

Tras dos semanas de negociaciones, La Libertad Avanza consiguió un dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El Gobierno busca llevar la iniciativa al recinto el 12 de noviembre.

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El borrador introduce cambios sobre el texto original del Poder Ejecutivo y amplía su alcance: pasa de 133 a 154 artículos, con nuevas regulaciones y modificaciones en materia penal, seguridad nacional, inversiones extranjeras y defensa.

Entre los principales cambios introducidos tras las presiones de EEUU figuran una delimitación de las prohibiciones vinculadas con los recursos de las Islas Malvinas, una revisión de las penas, la creación de una comisión bicameral de control y un nuevo régimen para evaluar inversiones de Estados extranjeros en sectores estratégicos.

El proyecto amplía de 133 a 154 artículos la propuesta original e incorpora cambios en las penas, las restricciones vinculadas con Malvinas, el control de inversiones extranjeras y las facultades de seguridad nacional.

El dictamen modifica el alcance de las prohibiciones económicas relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas. En lugar de mantener una referencia amplia a los espacios marítimos e insulares alcanzados, el texto la reemplaza por otra que apunta a los espacios circundantes. También precisa qué operaciones quedan prohibidas: se concentra en la provisión de bienes y servicios esenciales y contempla si quien los suministra sabía, o debía saber, que serían utilizados en esas actividades.

Además, incorpora excepciones para determinadas participaciones de hasta el 2% en una empresa y para algunos fondos de inversión que no deciden directamente qué títulos comprar o vender. En la práctica, esto significa que ciertos vínculos económicos indirectos podrían quedar fuera de las prohibiciones, siempre que cumplan las condiciones previstas en la norma.

El dictamen establece multas de entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido ilegalmente en determinados casos y eleva otra escala vinculada con el petróleo de 1.000-20.000 a 2.000-40.000 barriles. Además, exige una condena penal firme para inscribir a una persona en el registro de infractores y modifica reglas sobre apelaciones y sentencias extranjeras.

El proyecto reorganiza las sanciones por actividades ilegales vinculadas con recursos naturales e hidrocarburos. Reduce de cinco a dos años la pena mínima para determinados proveedores, mientras que establece penas de ocho a doce años para explorar recursos no renovables y de 12 a 15 años para explorar hidrocarburos. También prevé sanciones para empresas, decomisos y agravantes por daño ambiental grave.

El dictamen permite solicitar la regularización de actividades que incumplan la Ley 26.659 y las nuevas disposiciones, mediante un plan de inversión técnica y económicamente viable y una garantía irrevocable equivalente a la multa. Lo recaudado se destinará al Ministerio de Defensa para financiar el reequipamiento y mejorar sus capacidades.

El texto redefine las funciones del Consejo de Seguridad Nacional y limita su intervención en asuntos de seguridad interior. Le permite elaborar estrategias y actuar en cuestiones vinculadas con infraestructuras críticas y riesgos externos. Además, exige criterios objetivos y decisiones fundadas para declarar crítica una infraestructura, con consultas a reguladores y operadores.

El proyecto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo recibirá información sobre determinadas medidas, que deberán comunicarse, como regla general, dentro de las 48 horas. También intervendrá en casos específicos relacionados con vuelos y embarcaciones.

El dictamen establece que el Comando Conjunto Aeroespacial estará a cargo de vigilar, identificar e interceptar aeronaves. El uso de la fuerza será el último recurso y requerirá una orden presidencial, delegable en el ministro de Defensa. En el ámbito marítimo, delimita las funciones del Comando Conjunto Marítimo y de la Prefectura Naval.

La propuesta establece consultas con reguladores, propietarios y operadores para proteger las infraestructuras críticas. En telecomunicaciones, las facultades estarán limitadas a resguardar redes y sistemas: no podrán utilizarse para monitorear, acceder, restringir ni bloquear los contenidos transmitidos.

El dictamen redefine las infracciones contra la seguridad nacional y, en general, exige una conducta deliberada y un daño o impacto concreto. Incluye acciones de injerencia extranjera mediante métodos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilegales y elimina algunas sanciones económicas previstas originalmente, como la pérdida de beneficios fiscales y subsidios.

El proyecto incorpora un régimen para evaluar inversiones de Estados extranjeros y empresas bajo su control en sectores estratégicos, como defensa, energía, minería, telecomunicaciones e infraestructuras críticas. Ante operaciones no autorizadas, el Gobierno podrá revocar habilitaciones o exigir la venta de participaciones, según el procedimiento previsto. El texto contempla excepciones para operaciones comerciales habituales y reglas específicas para inversiones existentes y proyectos vinculados con el RIGI, sin modificar las competencias provinciales sobre recursos naturales.

El dictamen reemplaza la referencia original a campañas coordinadas de desinformación masiva por la figura de campaña de injerencia extranjera. La conducta deberá buscar alterar elecciones, afectar la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades mediante métodos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilegales. Las penas serán de cinco a doce años, y de ocho a quince años si existen amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. Se excluyen actividades legales como el periodismo, la investigación académica y la diplomacia.

El texto incorpora las operaciones militares híbridas junto con las convencionales y suma disposiciones sobre la responsabilidad de los mandos por la conducta de sus subordinados. También establece reglas para proteger infraestructuras críticas declaradas objetivos estratégicos.

Por último, el dictamen actualiza las referencias a la estructura del Gobierno y reemplaza la denominación Ministerio de Seguridad Nacional por Ministerio de Seguridad Interior en los artículos correspondientes. La modificación también contempla el traslado de las funciones y competencias vinculadas con esa cartera.

Ese cambio administrativo incluye la transferencia de unidades, bienes, personal y partidas presupuestarias necesarias para sostener las tareas asignadas. En otros apartados, el borrador mantiene las disposiciones del proyecto original e incorpora ajustes técnicos y cambios de numeración.

La iniciativa de La Libertad Avanza todavía debe atravesar el debate legislativo. El dictamen no equivale a una ley sancionada y el texto puede modificarse durante su tratamiento en el Congreso.