La Municipalidad cuestionó el rol de los integrantes del Tribunal de Faltas: "No son jueces"

Resumen para apurados

La disputa por la equiparación salarial de los integrantes del Tribunal Municipal de Faltas sumó un nuevo capítulo. Mientras tres de los nueve jueces que integran el organismo impulsaron una presentación judicial contra el Departamento Ejecutivo municipal, desde la Municipalidad cuestionaron el planteo y defendieron la transformación que lleva adelante la gestión de Rossana Chahla para modernizar el funcionamiento del tribunal.

Matías Balardini, director administrativo del Tribunal Municipal de Faltas de la Capital, sostuvo a LA GACETA que la discusión salarial no debería opacar los cambios implementados para agilizar los trámites y acercar la atención a los vecinos. "Qué bueno sería que los esfuerzos que está haciendo el municipio con la gestión de Chahla en avanzar en la digitalización, en acercar el municipio al vecino, se dieran a conocer y no estar discutiendo estos temas que realmente a mí me dan hasta vergüenza ajena", afirmó.

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Según explicó Balardini, tres integrantes del Tribunal de Faltas promovieron una medida judicial ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Se trata del presidente del organismo, Fabián Lisondo Ruiz, y los jueces Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo. El expediente tramita en la Sala II del fuero.

El planteo busca determinar si existen diferencias salariales vinculadas con la equiparación de los haberes de los jueces de faltas con los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Según la información conocida sobre el expediente, los magistrados solicitaron la remisión de las liquidaciones salariales de los secretarios del gabinete para establecer si existen diferencias que deberían ser abonadas.

La Municipalidad, en tanto, presentó un informe técnico sobre la escala salarial, aunque se negó a entregar los recibos individuales de los funcionarios al invocar la normativa nacional de protección de datos personales.

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Balardini explicó que, de acuerdo con la normativa que regula el funcionamiento municipal, los jueces de faltas tienen un rango equivalente al de directores de repartición y dependen del Departamento Ejecutivo.

"Los jueces de faltas, así llamados porque así está redactada la ordenanza, no son jueces", remarcó. En ese sentido, señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla dos departamentos, el Ejecutivo y el Legislativo, y que no existe un Poder Judicial municipal.

Según detalló, los funcionarios fueron equiparados posteriormente al rango de subsecretarios y, a partir de julio del año pasado, al de secretarios del Departamento Ejecutivo. El reclamo actual apunta, precisamente, a determinar si esa equiparación se tradujo correctamente en los haberes.

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"Ellos sostienen que existen diferencias salariales. Yo, la verdad, desconozco. Es una cuestión que deberían consultarla con la Contaduría General", indicó Balardini, quien agregó que la Fiscalía Municipal presentó un informe técnico sobre la composición salarial de los secretarios.

El director administrativo también buscó diferenciar el reclamo de los tres jueces del funcionamiento general del organismo. Aseguró que el Tribunal de Faltas está integrado actualmente por nueve jueces y que no todos participan de las acciones judiciales.

"Hay un grupo, uno en una acción judicial y otro en tres, que iniciaron un reclamo ante el municipio. El resto de los jueces continúa", explicó.

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Además, cuestionó que la presentación haya sido realizada en representación del Tribunal. Según Balardini, el presidente del organismo cumple una función protocolar y, para actuar en nombre de los nueve integrantes, debería existir una acordada que avalara esa decisión. "Si él hizo una presentación, la hizo a título personal", sostuvo.

Más allá del conflicto salarial, Balardini puso el foco en los cambios que, según afirmó, implementó la actual gestión municipal para modificar la relación entre el Tribunal de Faltas y los vecinos.

Para graficar la situación anterior, recordó el recorrido que debía realizar una persona a la que le secuestraban una motocicleta. Primero debía consultar en Tránsito, luego trasladarse hasta el Tribunal de Faltas en calle Jujuy, esperar la disponibilidad de un juez, dirigirse a un centro de pago y regresar nuevamente al tribunal para obtener la orden de liberación. Finalmente, debía volver a Tránsito para recuperar el vehículo.

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"El vecino perdió el día completo. Díganme ustedes si lo que les acabo de contar casi con humor no resulta trágico en realidad", expresó.

Según Balardini, ese procedimiento comenzó a modificarse con la decisión de llevar a los jueces de faltas a las reparticiones donde se originan las infracciones.

"Hoy el juez de faltas está fuera del Tribunal de Faltas. Está en las reparticiones donde se generan las infracciones", explicó. De esta manera, ejemplificó, una persona a la que le secuestran una moto puede consultar su situación directamente en la delegación de Tránsito, resolver allí la infracción, pagar la multa y obtener la liberación del vehículo.

Balardini defendió además la incorporación de herramientas digitales para simplificar los trámites. Entre los cambios mencionó la posibilidad de realizar descargos de manera virtual, obtener certificados de libre deuda y utilizar canales de comunicación como WhatsApp.

"El otro día cité como ejemplo a mi mamá. Mi mamá tiene 76 años. ¿Usted se imagina para una mujer jubilada de 76 años que todavía maneja y comete una infracción de tránsito tener que hacer todo ese recorrido?", planteó.

En contraposición, sostuvo que el objetivo de la reforma es que los trámites puedan resolverse de manera rápida y sencilla.

"Lo único que queremos es que esa señora de 76 años vaya al Tribunal de Faltas, le den un código QR sencillo, fácil, para que con su celular pueda pagar su multa y seguir con su vida normal, cotidiana y diaria", afirmó.

Para Balardini, la discusión de fondo no pasa solamente por la cuestión salarial, sino por el modelo de funcionamiento del organismo. "Lo que nosotros estamos tratando son dos cuestiones fundamentales: primero, dar transparencia para que el vecino sepa que la infracción que paga es lo que corresponde pagar. Y, en segundo lugar, darle cercanía, darle simpleza", concluyó.

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