Jaldo moviliza más de $11.600 millones para sostener el transporte y garantizar beneficios sociales

El Gobierno de Tucumán autorizó una asistencia superior a los $11.600 millones para sostener el funcionamiento del transporte público de pasajeros, mediante cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial.

Las partidas cubren distintos períodos y contemplan tanto compensaciones para las empresas como recursos para financiar los programas de gratuidad destinados a estudiantes y jubilados.

La medida tiene impacto en la estructura de costos de un servicio clave para la actividad económica provincial, ya que conecta localidades, facilita el acceso al empleo y permite el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y consumidores.

El esquema se instrumenta en un contexto de encarecimiento del combustible, los repuestos y los salarios, además de la reducción de los subsidios nacionales al sector.

El principal desembolso corresponde a una compensación de $5.500 millones para octubre, autorizada mediante el Decreto N.º 2.392/8. Los fondos están destinados a las empresas prestatarias para contribuir a cubrir los costos de funcionamiento y sostener la continuidad de los servicios.

A esa partida se agregan $3.813 millones para el Boleto Estudiantil Gratuito, establecidos por el Decreto N.º 2.330/14, por los viajes realizados durante agosto en el interior y el área metropolitana, sin incluir a San Miguel de Tucumán. También se autorizaron $1.598 millones para el Boleto Gratuito para Jubilados, correspondientes al mismo mes, mediante el Decreto N.º 2.315/8.

El paquete se completa con una compensación extraordinaria de $700 millones para septiembre, dispuesta por el Decreto N.º 2.316/8, destinada a empresas de jurisdicción provincial para afrontar los aumentos salariales y los gastos de mantenimiento de las unidades.

En conjunto, los montos suman $11.611 millones y corresponden a períodos y finalidades diferentes: octubre para la compensación operativa, agosto para los boletos gratuitos y septiembre para la asistencia extraordinaria. Por lo tanto, no representan un único desembolso mensual ni una partida destinada exclusivamente a las empresas.

La asistencia se enmarca en la emergencia del transporte público automotor de pasajeros, establecida por la Ley N.º 9.102 y prorrogada hasta el 31 de mayo de 2028 mediante la Ley N.º 9.978. La normativa permite al Ejecutivo mantener mecanismos extraordinarios de financiamiento para evitar interrupciones en el servicio.

Durante julio, la Provincia también había otorgado a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) un adelanto financiero de $2.000 millones, distribuido en cuatro cuotas. La continuidad de estas herramientas muestra la importancia de los recursos públicos para sostener un sistema atravesado por la evolución de los costos y la necesidad de mantener tarifas accesibles.

En San Miguel de Tucumán, el boleto urbano se actualizó a $1.700 en junio, tras una decisión del Concejo Deliberante. Mientras las empresas afrontan mayores gastos operativos, el financiamiento estatal busca sostener la movilidad de distintos sectores de la población y reducir el impacto de los costos del transporte sobre los usuarios.

El transporte, una pieza clave para el empleo rural temporario

La agenda provincial también incluye el traslado de trabajadores rurales que deben viajar a otras jurisdicciones para incorporarse a las cosechas y actividades estacionales. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Germán Ferrari, para analizar la posibilidad de garantizar micros gratuitos para los trabajadores golondrina durante la temporada de raleo.

Según el dirigente gremial, cerca de 20.000 trabajadores tucumanos migran hacia provincias como Río Negro, Mendoza y Neuquén en busca de oportunidades laborales. La primera etapa del raleo comienza a fines de octubre, mientras que durante diciembre y enero aparecen nuevas posibilidades de contratación.

Ferrari sostuvo que el final de la actividad citrícola dejó a unos 35.000 trabajadores temporarios sin esa fuente de empleo y destacó que el traslado hacia otras provincias representa una alternativa para sostener los ingresos familiares durante los meses de menor actividad local.

Tras la reunión, el titular de UATRE afirmó que Jaldo se comprometió a buscar una solución durante las próximas semanas. La iniciativa apunta a reducir el costo de los viajes y facilitar el acceso a los puestos de trabajo estacionales, aunque todavía no se anunció la puesta en marcha del servicio.

Desde una perspectiva productiva, el transporte constituye un factor determinante para la movilidad de la mano de obra y el acceso a oportunidades laborales fuera de los períodos de cosecha local. La asistencia al sistema de colectivos y la búsqueda de alternativas para los trabajadores rurales forman parte de una misma problemática: garantizar conectividad en un escenario de costos crecientes y actividad económica desigual a lo largo del año.