Freno a la baja de imputabilidad en Buenos Aires: una jueza suspendió la norma por 60 días

Resumen para apurados

La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual disminuyó la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. La resolución de alcance preventivo fue dictada este lunes por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras dar lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.

La Ley 27.801, que sustituyó el régimen penal de la minoridad vigente desde 1980, fue promulgada en el Boletín Oficial en marzo de este año, entró en vigencia en todo el país el 5 de septiembre y este mismo lunes fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional.

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Entre los principales argumentos expuestos en la medida judicial, la magistrada cuestionó si el territorio bonaerense cuenta con "las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez". Al mismo tiempo, Pascual alertó que la reforma implicará "un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas", tanto por los nuevos ingresos como por el estancamiento y permanencia en las dependencias, advirtiendo además que la sobrepoblación "inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia" dentro de las propias instituciones.

Frente a este escenario, la titular del juzgado fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10, a la que deberán acudir funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la ejecución de la norma para detallar qué medidas implementaron, cuáles prevén desarrollar y los plazos estipulados. En tanto, la responsabilidad de hacer cumplir la suspensión temporal del régimen fue asignada al Ministerio de Seguridad, al organismo provincial de Niñez y al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El texto original de la Ley 27.801 fija un tope máximo de 15 años de privación de la libertad, aun frente a situaciones de concurso de delitos, e imparte la prohibición de penas perpetuas. A su vez, dispone que se cumplan dos tercios de la condena de manera efectiva y el resto bajo otro tipo de sanciones, incorporando el rastreo con tobillera y monitoreo electrónico como pena autónoma. Para aquellos ilícitos con escalas penales de hasta tres años de prisión, prevé medidas alternativas como amonestación formal, reparación del daño, tareas comunitarias o prohibición de acercamiento.

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La resolución judicial desató un inmediato cruce político. La senadora oficialista y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió contra la gestión del gobernador Axel Kicillof y el fuero judicial provincial a través de su cuenta de X: "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

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