Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Al repasar la historia criminal de Tucumán surge un dato llamativo: gran parte de los filicidios registrados en la provincia ocurrieron en zonas rurales o en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. No existe un estudio específico sobre esta realidad, pero es una constante que aparece al analizar varios de los casos más conmocionantes.

El 13 de septiembre de 2000, Marcela Aguilar vivía en un paraje aislado de Famaillá. Ese día, según la reconstrucción realizada por los investigadores, salió de la humilde vivienda que compartía con su familia llevando en brazos a su hijo Gabriel. Regresó media hora después con el pequeño sin vida. Así comenzó una de las causas más complejas que debió afrontar la Justicia tucumana por una razón particular: la acusada era sordomuda y no conocía el lenguaje de señas.

Durante el juicio se conoció que, debido a su discapacidad, era sometida por su familia a condiciones de extrema vulnerabilidad. Se encargaba de la limpieza de la vivienda, de cocinar y de realizar las tareas más exigentes. Recién durante su estadía en prisión aprendió a comunicarse mediante señas. Entonces aseguró que su madre había sido la responsable de la muerte del niño. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas que respaldaran esa versión. Finalmente fue condenada a 10 años de prisión. Los jueces tuvieron en cuenta las condiciones de vida que había padecido como un factor atenuante.

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El 1 de mayo de 2018, en La Cocha, María José Álvarez (20) asesinó a sus hijos Nicole (3) y Máximo (7 meses). La Justicia concluyó que la joven atravesaba una profunda crisis vinculada al contexto de violencia y hostigamiento que sufría por parte de su ex pareja, padre de los niños. Tras un extenso proceso judicial, fue condenada a 24 años de prisión mediante un juicio abreviado.

Un mes después, en junio de 2018, una joven domiciliada en Escaba de Abajo fue detenida acusada de haber asesinado a su hija recién nacida. La sospechosa, cuya identidad nunca trascendió públicamente, aseguró haber sufrido un aborto espontáneo. Finalmente fue sobreseída luego de que la Justicia concluyera que había atravesado una grave alteración de su salud mental después del parto.

Fuentes judiciales señalaron que, al momento de resolver el caso, se tuvo especialmente en cuenta que la mujer había transitado sola el embarazo, que nunca reveló la identidad del padre de la criatura y que vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social. También se valoró el aislamiento propio de una zona rural con escasos vínculos comunitarios.

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Las abuelas de "Benja" se presentaron ante la Justicia en febrero de 2024 para denunciar que no tenían noticias del niño desde hacía más de un año. La investigación avanzó rápidamente. Sus hermanos, durante una entrevista en Cámara Gesell, declararon que su padre lo había golpeado con un bloque de cemento y luego trasladado su cuerpo hasta un sector montañoso cercano a la vivienda familiar, ubicada en Atahona.

Los investigadores realizaron rastrillajes en la zona y finalmente encontraron los restos del pequeño. Por el caso fueron detenidos sus padres, Jorge Lucero y Romina Gutiérrez.

Durante la pesquisa surgió otro dato inquietante. Años antes, otro hijo de la pareja había fallecido, aparentemente por una broncoaspiración mientras se alimentaba. Sin embargo, los médicos que lo atendieron habían advertido lesiones compatibles con golpes. En aquel momento no se ordenó una autopsia y nunca pudo establecerse si el niño había sido víctima de un homicidio, una sospecha que todavía persiste entre los investigadores.

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"Hay varios factores que pueden explicar por qué este tipo de hechos aparecen con mayor frecuencia en zonas rurales", sostuvo el fiscal Miguel Varela, que intervino en varias investigaciones de este tipo.

"Creo que uno de los más importantes es el aislamiento. Las grandes distancias entre las viviendas dificultan que terceros detecten situaciones de violencia o señales de alarma que permitan intervenir a tiempo. A eso se suma una cuestión cultural: muchas veces no se considera adecuado involucrarse en los problemas de otras familias", explicó.

"Tampoco puede dejarse de lado que muchas personas que viven en el interior tienen mayores dificultades para acceder a programas preventivos, asistencia estatal o atención especializada en salud mental. En algunos ámbitos todavía existe resistencia a pedir ayuda profesional", concluyó.

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