Escala el conflicto: el Gobierno analiza denuncia penal contra los prácticos por el paro, quienes amenazan con radicalizarse

Las pérdidas diarias se estiman entre u$s2 y 3 millones diarios por la paralización de 150 buques mercantes.

EEUU mostró su preocupación por el decreto del Gobierno.

Con los principales puertos del país paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026 y una pérdida que oscila entre los 2 y 3 millones de dólares diarios, fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que evalúan medidas de fondo. Puntualmente, una denuncia penal y la amenaza de inhabilitación de por vida.

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Desde el sector de prácticos, pilotos y baqueanos confirmaron a este medio que si el Gobierno no levanta la medida tomada el "conflicto va a escalar".

Desde hace meses, los prácticos venían ejerciendo un rechazo silencioso al proyecto impulsado por Federico Sturzenegger para desregular el cabotaje local de la marina mercante.

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"Sturzenegger quiere que eso sea libre, lo que ahora solo puede ser reemplazado por China", dijeron. Con esta carta, ganaron el apoyo de la Embajada de Estados Unidos que, según informaron a Ámbito, se mostró disconforme respecto del proyecto oficial y habría hecho lobby para paralizarlo o, en su defecto, para que se incorporen modificaciones.

Fuentes del Gobierno esbozaron las próximas acciones. Planean ir "con todo" después de que se suspendieran las negociaciones. Más allá de la denuncia penal, buscarán la inhabilitación de por vida y la responsabilidad de las agencias marítimas. Se buscará un reemplazo por baqueanos y en el caso de que no alcancen será con "baqueanos paraguayos zona sur". "Los buques procederán a otros puertos del exterior porque no pueden esperar", concluyeron.

Las consecuencias de la medida de fuerza ya se sienten, por caso, en Neuquén, donde se paralizó la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que permanece inmovilizada frente a Bahía Blanca sin poder iniciar las maniobras previstas.

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Por otro lado, del sector pesquero, la única cámara que sacó una posición formal fue Capear-Alfa. En su comunicado, apoya la medida del Gobierno y, a la vez, le requiere que se haga cargo del daño: "Respaldamos el nuevo régimen de practicaje, pero al mismo tiempo le reclamamos al gobierno nacional que asuma, con la misma decisión con la que impulsó la reforma, la responsabilidad de sostener la operación de los puertos".

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