Energía, minería, tierras y biocombustibles: los proyectos clave que tratará el Congreso

El Congreso retoma la actividad con una agenda atravesada por grandes inversiones, infraestructura estratégica y recursos naturales. Entre los temas con fecha confirmada aparecen el Súper RIGI, la reforma de tierras rurales y una reunión informativa sobre tierras raras.

El Congreso retoma la agenda con proyectos vinculados a energía, minería, combustibles, infraestructura y tierras rurales.

El Congreso retoma la actividad con una agenda cargada de proyectos vinculados con energía, minería, combustibles, infraestructura y recursos naturales. En los próximos días, el Senado y la Cámara de Diputados tendrán movimientos concretos sobre tres temas centrales: el Súper RIGI, la reforma del régimen de tierras rurales y una reunión informativa sobre tierras raras.

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La discusión excede a cada expediente por separado. El hilo conductor es el intento de despejar condiciones para grandes inversiones: beneficios fiscales, acceso a tierras, infraestructura de transporte, disponibilidad eléctrica, reglas de mercado y nuevos recursos estratégicos.

Según la agenda parlamentaria, este miércoles habrá dos reuniones relevantes. A las 9.30, la Comisión de Minería de Diputados realizará una reunión informativa sobre tierras raras. A las 16, el Senado activará un plenario de comisiones para tratar el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Actividades, conocido como Súper RIGI.

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Un día después, el Senado continuará la sesión para intentar aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales.

El Súper RIGI será uno de los principales temas de la semana legislativa. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 24 de junio y comenzará su tratamiento en el Senado este miércoles, en un plenario de las comisiones de Legislación General, Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo buscará emitir dictamen durante la primera semana de agosto y llevar el texto al recinto durante la segunda o tercera semana del mes. Sin embargo, esa fecha de sesión todavía no está formalmente convocada y dependerá de la negociación política.

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La iniciativa está dirigida a proyectos de al menos u$s1.000 millones, con el compromiso de ejecutar como mínimo el 20% de la inversión durante los primeros dos años.

La iniciativa está dirigida a proyectos de al menos u$s1.000 millones, con el compromiso de ejecutar como mínimo el 20% de la inversión durante los primeros dos años. A diferencia del RIGI original, no apunta a cualquier inversión de gran escala, sino a nuevas actividades industriales, tecnológicas o de infraestructura estratégica tecnológica o digital.

El texto excluye simples ampliaciones, modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes. Por eso, para ingresar al régimen, una empresa energética o minera no podría limitarse a ampliar un yacimiento, una mina o una planta operativa. Tendría que demostrar que se trata de una actividad nueva, experimental, piloto o de carácter estratégico.

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Entre los beneficios previstos figuran una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, exenciones para importaciones destinadas al proyecto, eliminación de derechos de exportación, libre disponibilidad gradual de divisas y estabilidad normativa y fiscal.

La disponibilidad de dólares generados por exportaciones sería del 20% después del primer año, 40% después del segundo y 100% desde el tercero. Además, el Estado no podría imponer obligaciones de abastecimiento prioritario del mercado interno ni restricciones cuantitativas a las exportaciones.

Uno de los puntos más relevantes del Súper RIGI es su vínculo con la infraestructura necesaria para grandes proyectos energéticos, mineros y tecnológicos. El régimen permite incluir dentro del plan aprobado obras exclusivas o dedicadas al transporte, procesamiento, almacenamiento o exportación de la producción.

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Ese universo puede abarcar líneas eléctricas, gasoductos, oleoductos, caminos, ramales ferroviarios (como el Belgrano Cargas), plantas de procesamiento, instalaciones portuarias, infraestructura hídrica, telecomunicaciones y centros de datos.

El Gobierno presenta el proyecto como una herramienta para atraer inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, hidrógeno, infraestructura digital y minerales críticos. En minería, la discusión podría concentrarse en procesamiento de minerales críticos, refinación, separación de tierras raras, producción de materiales avanzados o nuevas tecnologías extractivas.

El debate en el Senado girará en torno al piso de u$s1.000 millones, la alícuota reducida de Ganancias, la libre disponibilidad de divisas, la protección de infraestructura exclusiva, la adhesión provincial y municipal y la participación de proveedores nacionales.

El otro tema con tratamiento confirmado es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volverá al recinto del Senado el jueves. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, ya obtuvo dictamen de mayoría y fue postergado en varias oportunidades.

La iniciativa es amplia y no se limita a la extranjerización de tierras. Incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, procedimientos de expropiación, desalojos de inmuebles ocupados, régimen de manejo del fuego e indemnizaciones que debe pagar el Estado en casos de expropiación.

El capítulo de tierras rurales es el más sensible para la agenda energética y minera. La Ley 26.737 establece actualmente un límite general del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, provincias y municipios o departamentos. También fija restricciones por nacionalidad, límites de superficie, controles en zonas de frontera y resguardos sobre inmuebles con cuerpos de agua relevantes.

La reforma no otorga automáticamente derechos mineros ni habilita la explotación de recursos naturales. En la Argentina, la propiedad del suelo es jurídicamente distinta de la propiedad minera y las provincias conservan el dominio originario de sus recursos naturales.

Sin embargo, el cambio puede impactar sobre energía y minería por la posibilidad de adquirir superficies necesarias para campamentos, plantas mineras, caminos, líneas eléctricas, parques solares y eólicos, ductos, puertos, centros logísticos, infraestructura hídrica o plantas de hidrógeno.

El texto todavía está en negociación. En las últimas horas, el oficialismo aceptó mantener un techo para la propiedad extranjera de entre 20% y 25%, por encima del límite actual de 15%, además de otorgar a las provincias la capacidad de autorizar, regular o impedir operaciones. Por eso, el dato clave será conocer qué versión llega finalmente al recinto.

El proyecto vuelve a poner a prueba al oficialismo que en el Senado comanda Patricia Bullrich, y de votarse esa versión los intentos del ministro Federico Sturzenegger de eliminar los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros fracasarían. Pero es la concesión que "Pato" parece dispuesta a dar para aprobar la iniciativa luego de que se complicaran los votos.

La nueva Ley de Biocombustibles también forma parte de la agenda energética, aunque todavía no tiene una convocatoria formal publicada para agosto. La discusión comenzó en el Senado en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.

Hay seis expedientes en análisis. Entre ellos aparecen proyectos de Edith Terenzi Ávila, José María Carambia y Flavio Gadano, Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Patricia Bullrich, Flavia Royón, María Teresa González de Arce y María Victoria Rojas Decut.

Biocombustibles, un debate que se avecina en el Congreso de la Nación.

La iniciativa de Bullrich tomó centralidad política. Propone mantener inicialmente el corte de biodiésel en 7,5%, elevarlo al 10% después del primer año y llevar el bioetanol del 12% al 15%. También plantea una transición regulatoria hasta el 31 de diciembre de 2031 y un régimen con 15 años de duración.

La negociación involucra a provincias productoras, petroleras, pymes y grandes aceiteras. Los principales puntos de conflicto son el nivel de corte obligatorio, la fórmula de precios, la apertura a importaciones, la distribución entre maíz y caña de azúcar en bioetanol y el rol del coprocesamiento en refinerías.

Otro expediente relevante es el paquete energético con media sanción de Diputados, conocido públicamente por el capítulo de Zona Fría. En realidad, el texto incluye cuatro ejes: cambios en subsidios al gas, regularización de deudas con Cammesa, traslado de costos a tarifas y modificaciones vinculadas con energías renovables y contratos.

El proyecto conserva los beneficios históricos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero en zonas incorporadas posteriormente reemplaza el beneficio generalizado por una bonificación focalizada. También extiende el régimen hasta el 31 de diciembre de 2031 y mantiene su financiamiento mediante un recargo sobre el precio del gas.

A partir de la reforma, los hogares ubicados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.

El nuevo esquema combinará dos criterios simultáneos:

ubicación geográfica en zonas de severidad climática;

condición socioeconómica del hogar.

Según el texto oficial, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad incluidas dentro del sistema SEF.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la ampliación territorial de 2021.

Según el mensaje enviado al Congreso, el recargo del 7,5% sobre el gas ya no alcanza para financiar el sistema y actualmente se requieren aportes adicionales del Tesoro Nacional para cubrir el costo del subsidio.

El texto oficial también advierte que la falta de financiamiento provocó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas.

Además, el Gobierno busca modificar la forma en que se calcula la bonificación. Hasta ahora el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total, incluyendo transporte y distribución. El nuevo proyecto limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado.

Según las simulaciones realizadas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que hoy recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.

En cambio, quienes mantengan el beneficio mediante el sistema focalizado tendrían subas menores, aunque igualmente superiores a las actuales debido al cambio en la base de cálculo del subsidio.

El trabajo de IERAL sostiene que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia, lo que incrementó el costo fiscal sin mantener el criterio climático original del régimen.

En tanto, el capítulo de Cammesa busca reconocer diferencias generadas durante la emergencia tarifaria y aplicarlas como créditos frente a deudas y penalidades de distribuidoras eléctricas. Además, consolida el traslado a tarifas finales de los costos de compra de electricidad, transporte, servicios del sistema y gas adquirido por distribuidoras.

Pese a su importancia, el expediente todavía no tiene dictamen ni fecha formal de tratamiento para la primera semana de agosto.

En Diputados, la Comisión de Minería tendrá este miércoles una reunión informativa con especialistas sobre tierras raras. No se discutirá una ley específica ni está previsto emitir dictamen. El encuentro servirá para instalar el tema en la agenda parlamentaria, en un contexto de mayor demanda global de minerales críticos.

También aparece en el radar un pedido de informes sobre la infraestructura eléctrica destinada a los proyectos mineros Vicuña, Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. La iniciativa apunta a relevar obras como la línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo, la extensión Rodeo-Chaparro, una estación transformadora y la vinculación de 220 kV con Josemaría. No tiene fecha confirmada de tratamiento, pero abre una discusión clave: quién financiará la energía que necesitan los grandes proyectos de cobre.

En paralelo, la privatización de Belgrano Cargas avanza por vía administrativa del Poder Ejecutivo y no como una ley que deba votar el Congreso. De todos modos, tendrá seguimiento parlamentario por su impacto en logística minera y agroindustrial. El esquema contempla concesión de vías, subasta de material rodante, contratos para talleres y operación bajo acceso abierto.

La agenda legislativa inmediata muestra así un mapa amplio. Algunas iniciativas tienen fecha confirmada, como Súper RIGI, tierras rurales y tierras raras. Otras siguen en negociación, como biocombustibles y el paquete energético. Y otras avanzan por fuera del recinto, como Belgrano Cargas, pero pueden ser decisivas para la infraestructura que necesita el crecimiento exportador de energía y minería.

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