El oficialismo en el Senado dilata la "modernización" del Estatuto del Periodista

Por: Alfonso de Villalobos
@alfondevil

Por: Alfonso de Villalobos

A instancias del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación de Trabajadores de Prensa (FatPren), una manifestación nutrida de trabajadores de prensa se congregó en el Congreso el jueves. Allí desplegaron una bandera gigantesca dirigida a los legisladores con una consigna contundente: "Senadores, diputados, no vendan el Estatuto del Periodista".

A la vez se movilizaron al ingreso del Senado en la calle Hipólito Yrigoyen para interpelar en forma directa a los legisladores que ingresaban al palacio con el propósito de reclamar que asumieran su responsabilidad de tratar el proyecto de ley para un nuevo Estatuto del Periodista Profesional.

El proyecto inicial de la ley de Modernización Laboral (27.802) aprobado en febrero de este año incluía en su artículo 194 la derogación plena del Estatuto.

Una intensa campaña impulsada por los sindicatos, que incluyó un petitorio con las firmas de más de 3 mil periodistas del más amplio espectro ideológico, movilizaciones, actos y reuniones con legisladores, obtuvo un pequeño triunfo a la hora de la votación de la ley.

El artículo 194 fue reemplazado por el 197 que, si bien ratificó la derogación del estatuto, postergó su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

El espíritu de la enmienda consistió en generar una ventana de tiempo para que los actores involucrados pudieran elaborar un nuevo proyecto con una normativa actualizada capaz de, a la vez, garantizar el objeto esencial del Estatuto en lo que se refiere a la libertad de expresión de los trabajadores de prensa y, del otro lado, el derecho a la información de la ciudadanía.

A ocho meses de la aprobación de la ley que dinamitó la legislación laboral, sin embargo, la Cámara alta no abordó la discusión del nuevo Estatuto para la actividad.

La parálisis del Senado contrasta con la actitud de los sindicatos y las asociaciones profesionales que agrupan a los periodistas, que elaboraron un proyecto de ley que, sin embargo, no llegó al recinto. La senadora oficialista Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, decidió no reunir nunca más al organismo que debe darle dictamen.

Allí espera su tratamiento el proyecto de los gremios y asociaciones y otro del senador chaqueño Jorge Capitanich que propone una nueva prórroga de un año para dar lugar al debate.

Algo similar ocurre en Diputados donde proyectos de Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo proponen la derogación de la derogación en el primer caso y una nueva prórroga en el segundo.

La manifestación del jueves tuvo el propósito de denunciar y poner de relieve la vulneración del compromiso sellado en febrero por parte de los senadores. A la vez alertó por la violación del reglamento interno del Senado que en su artículo 103 establece que las comisiones deben reunirse "al menos cada 15 días".

La acción sirvió para que la senadora Álvarez Rivero, al menos, acusara recibo. En su cuenta de X, a la defensiva, señaló que "la precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional».

Pero la dilación juega en favor de las empresas de medios que, lideradas por el Grupo Clarín y el Grupo América (beneficiado especialmente por la política oficial), habían sido las que presionaron especialmente para que se incluya la derogación de la norma en la ley de "modernización» laboral con el propósito de precarizar todavía más la actividad.

Sucede que, entre otros puntos, el Estatuto vigente pauta una indemnización especial por despido para los periodistas, establece un período de prueba de 30 días (a diferencia de los tres meses que regían hasta que la ley 27.802 los llevó a seis), la jornada laboral de seis horas y, entre otros derechos, períodos vacacionales extendidos y horas extras al 100 por ciento.

Lo que aparenta ser una normativa que garantiza condiciones laborales especiales, en realidad, se fundamenta en la defensa de la libertad de expresión ante las presiones que puedan ejercer las empresas de medios, los gobiernos y las corporaciones económicas.

Es que, en primer lugar, encarece y dificulta el despido arbitrario motivado por persecuciones políticas o ideológicas. Además, establece condiciones laborales que colaboran en garantizar la investigación, el chequeo de fuentes y otros menesteres propios de la profesión.

La ley todavía vigente resulta un derecho protectorio de los trabajadores de prensa, pero, especialmente, de la ciudadanía en su derecho a ser informada sin la injerencia de empresas y gobiernos.

El Estatuto del Periodista Profesional vigente desde 1946, de fondo, parte de reconocer lo que todo trabajador de prensa vive en carne propia y de manera cotidiana: "Los trabajadores no son los medios para los que trabajan". En innumerables ocasiones, la orientación ideológica y los intereses de unos y otros difiere y hasta puede resultar contradictoria.

Por eso, el nuevo proyecto presentado por los gremios, incorpora una «cláusula de conciencia» ya presente en normativas que regulan la actividad en otros países como Francia y que permite al trabajador darse por despedido ante un cambio abrupto en la línea editorial del medio para el que trabaja.

El periodismo, por naturaleza, tiene la tarea de escudriñar al poder político y económico. Por eso resulta una herramienta fundamental para el debate democrático en tanto pueda ser ejercido en plena libertad.

Las empresas de medios, por definición, bregan por intereses particulares y mayoritariamente opuestos a denunciar al poder y, en definitiva, a la búsqueda de la verdad. Como tales están sujetas a la presión e influencia política y económica de la clase a la que pertenecen y, a su manera, representan.

La negativa de la titular de la comisión en convocar a la reunión, sin embargo, choca con el reglamento de la Cámara alta que, además de la periodicidad de las reuniones estipulada en el artículo 103, dispone en el 107 un mecanismo conocido como "requerimiento por retardo" mediante el cual un senador puede reclamar a la presidencia de la Cámara que intime al titular  de una comisión a reunirla.

Del reglamento se infiere que, con la firma de nueve integrantes de la comisión (la mitad más uno), puede forzarse una convocatoria.

Desde la FatPren y el SiPreBA aseguran que ya cuentan con seis firmas reclamando su constitución y se muestran expectantes para alcanzar el número. Legisladores del siempre heterogéneo e impredecible bloque radical adelantaron su respaldo sin todavía plasmarlo. Además, desde el SiPreBA aseguran que la senadora Carolina Moisés, del PJ jujeño (Convicción Federal), todavía no firmó la carta enviada el 5 de octubre a pesar de ser ella quien presentó formalmente el proyecto de ley elaborado por sindicatos y asociaciones profesionales sumando, a su vez, el respaldo de 17 legisladores del recinto. En diálogo con Tiempo, Moisés señaló que «presenté el proyecto respetando la posición de SipreBA y FatPren. Mi posición es clara. Mi límite institucional es que el proyecto ingresó con comisión de cabecera por Trabajo. Hablé con Álvarez y Bullirch y dijeron que no pensaban tratar este tema». Moisés resaltó que «el jueves (Mariano) Recalde hizo una moción de preferencia para tratar el tema y lo votamos a favor. No me parece correcto trabar este tema».

Sobre el recurso de la carta, la senadora se mostró sorprendida: «Me dijeron que tenían esa idea pero no sabía que ya estaba circulando la carta». Sin confirmar ni desestimar el aporte de su firma alertó que «se necesitan diez firmas de las dos comisiones involucradas».

La lógica indica que debiera sostener su postura hasta el final y reclamar la reunión de la comisión. Hay otra lógica, sin embargo, que preocupa a los trabajadores y contempla las relaciones de poder existentes y la capacidad de lobby de las corporaciones de medios en la historia argentina.

La libertad de expresión y el derecho democrático a la información veraz están en una encrucijada. Quedan apenas 60 días.«

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