El Gobierno nacional se reorganiza y define sus prioridades

El Gobierno nacional reorganiza su mesa política en la Casa Rosada para acelerar reformas clave y avanzar en la suspensión de las PASO.

El Gobierno nacional reactivó su mesa política con el propósito de ordenar y priorizar la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei. Con la mira puesta en el escenario legislativo posterior al receso invernal, los principales referentes del oficialismo se dieron cita para trazar una hoja de ruta que combina la reingeniería económica con una fuerte apuesta por la reforma electoral, en la que la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se consolida como la principal meta política de los próximos meses.

El encuentro tuvo lugar en el despacho de la Jefatura de Gabinete durante el mediodía de ayer, desarrollándose inmediatamente después de la habitual conferencia de prensa de los martes liderada por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Junto a él estuvo el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, quien forma parte del núcleo cerrado de nueve integrantes que componen este espacio estratégico de debate y organización del Poder Ejecutivo.

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La cumbre contó con una asistencia perfecta de las principales espadas políticas y económicas del oficialismo. Sentados alrededor de la mesa estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de Gabinete, Ignacio Devitt; el armador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el influyente asesor presidencial Santiago Caputo; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

El debate principal de la jornada giró en torno a la estrategia para postergar o suspender las PASO de cara al próximo turno electoral. Aunque en las filas libertarias el anhelo de máxima es la derogación definitiva del sistema de primarias, los estrategas de la Casa Rosada reconocen con realismo que el escenario legislativo actual es más propicio para avanzar en una suspensión temporal, una meta que consideran sumamente viable gracias a los consensos cosechados en el plano federal.

El encargado de tejer esos acuerdos ha sido el flamante jefe de los ministros quien viene sumando adhesiones clave de distintos gobernadores provinciales. Mandatarios como el catamarqueño Raúl Jalil y el puntano Claudio Poggi -ambos con un perfil dialoguista y cercano al oficialismo- ya han expresado públicamente su apoyo a la suspensión de las PASO, consolidando una foto política de fuerte respaldo federal que se gestó durante la asunción de Santilli y se ratificó en la reciente vigilia del 9 de Julio en Tucumán.

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No obstante, el oficialismo reconoce que cada provincia posee sus propias particularidades y demandas, lo que exige una negociación caso por caso. Un ejemplo de esta compleja ingeniería de apoyos cruzados quedó evidenciado esta semana con la oficialización de un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos destinados a la provincia de Córdoba para afrontar compromisos financieros urgentes, un gesto que aceita las relaciones parlamentarias con el bloque que responde al gobernador cordobés.

En los despachos de Balcarce 50 se respira un clima de trabajo renovado tras las últimas reconfiguraciones en la Jefatura de Gabinete. Los armadores oficialistas confían en que este nuevo impulso político les otorgará el margen necesario no sólo para destrabar proyectos de ley que habían quedado postergados en el Congreso, sino también para introducir nuevas reformas estructurales con un nivel de consenso mucho más robusto.

Dentro del paquete de iniciativas prioritarias para el segundo semestre, el proyecto estrella es, sin dudas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para Javier Milei, esta modificación representa un pilar indispensable para dotar de previsibilidad a la economía argentina, consolidar el sendero de desinflación y enviar una señal contundente de disciplina fiscal a los mercados financieros internacionales.

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El corazón del proyecto normativo establece la prohibición total y absoluta de cualquier tipo de financiamiento, ya sea directo o indirecto, por parte del Banco Central al Tesoro Nacional. De este modo, se busca eliminar de raíz la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal, suprimiendo los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades espurias, e implementando duras penas de prisión para aquellos funcionarios públicos que autoricen o ejecutaran emisiones de dinero sin el debido respaldo técnico.

La reforma también redefine de manera drástica la misión institucional de la autoridad monetaria, cuyo único y exclusivo pasará obligatorio a ser la preservación del valor de la moneda nacional. Quedarán oficialmente descartados de su Carta Orgánica otros objetivos históricos que el oficialismo considera distorsivos, tales como el fomento del empleo o el impulso del desarrollo económico con equidad social, al tiempo que se prevé la eliminación de las Letras Intransferibles que el Tesoro solía colocar en el BCRA.

Aunque el texto de la reforma del Banco Central se encuentra en su etapa final de redacción y pulido técnico, fuentes de la Presidencia deslizaron que la presentación formal en el Congreso se postergará para después de julio.

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Mientras tanto, la mesa política monitorea de cerca la agenda legislativa más inmediata, que incluye el inminente tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, previsto para mañana desde el mediodía. Asimismo, los estrategas gubernamentales ultiman los detalles del proyecto de Inocencia Fiscal para su envío a la Cámara de Diputados en la semana del 20 de julio, mientras postergaron para agosto las modificaciones referidas al régimen de zonas frías.

Una de las sorpresas de la jornada fue la propuesta planteada por el diputado oficialista Santiago Santurio para garantizar la autonomía del Indec, sugiriendo incorporar su blindaje dentro de la propia reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El portavoz del Gobierno confirmó que el Poder Ejecutivo ya se encuentra trabajando activamente en dar sustancia jurídica a esta propuesta para asegurar la solidez y credibilidad a largo plazo del organismo estadístico.

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