El FMI cobrará intereses por el equivalente a dos veces y media la venta de AySA

Por: Marcelo Di Bari
@mdibari

Por: Marcelo Di Bari

El gobierno prepara un pago de U$S 880 millones al Fondo Monetario Internacional, en concepto de intereses. Corresponde a los préstamos otorgados por ese organismo en virtud de los programas acordados en 2018 (refinanciado en 2022)y 2025.

Los intereses se liquidan de manera trimestral, con vencimientos en febrero, mayo, agosto y noviembre. Con esta última cuota, se habrán ido más de U$S 3300 millones a lo largo del año, sin contar amortizaciones.

La factura será más abultada este mes por la suba de las tasas, que treparon al nivel más alto desde marzo de 2025. Es un reflejo del aumento que se está produciendo en los mercados internacionales y en particular de las rendimientos de los bonos de Estados Unidos, China, Japón, el Reino Unido y los de la zona euro con mayor calificación por el Banco Central Europeo.

Al 3,13% anual flotante que surge del promedio de esos títulos hay que agregarles un 0,6% adicional que cobra el FMI por gestión administrativa; un 1% extra porque el monto supera el triple de la cuota asignada al país: y otro 0,75% porque el plazo de devolución supera los tres años. El total es de casi 5,5% anual y hubiera sido mayor de no haberse dispuesto una reducción de esos sobrecargos desde noviembre de 2024.

La cifra a pagar puede parecer menor en el contexto de los casi U$S 25.000 millones que el gobierno dice necesitar para cancelar deudas en moneda extranjera ante organismos internacionales y bonistas privados, según el programa financiero presentado en julio pasado. Pero la dimensión se agiganta cuando se compara el número con la disponibilidad de recursos para afrontar esa deuda.

El antecedente inmediato es la venta de AySA, la empresa estatal que se encarga de la provisión de agua potable y servicio de cloacas a 14 millones de habitantes del AMBA. El 90% del paquete accionario fue adjudicado a un consorcio integrado por empresarios locales (el Grupo Román y Mauricio Filiberti), la empresa brasileña Arcos y un fondo de inversión (Phoenix Global) con sede en Curazao, que tendrá la concesión del servicio por 30 años.

La operación reportó al gobierno U$S 340 millones, menos del 40% del vencimiento de este mes. Esto significa que lo que recaudó el Estado por desprenderse de AySA apenas alcanzará a cubrir los intereses de cinco semanas.

Los términos de la venta de la compañía merecieron críticas de gran parte del arco político. Consideran que es un precio sumamente bajo tanto en relación al flujo de fondos futuros como al valor total de los activos transferidos. El diputado justicialista Guillermo Michel argumentó que «si se mira el balance que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares. Quiere decir que con 1,3 años de utilidades el comprador ya paga la empresa». Asimismo, legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cuestionando la falta de transparencia en la tasación. Como si fuera poco, los nuevos dueños usufructuarán un rebalanceo tarifario que les reportará U$S 93 millones anuales, recuperando rápidamente un cuarto de la  invertido en la compra.

En el oficialismo admiten que esperaban obtener más dinero (entre 450 y 500 millones de dólares), pero sostienen que el beneficio no es sólo el efectivo inmediato sino cortar futuras transferencias y a la vez asegurarse que haya operadores privados que se encarguen de la inversión en infraestructura.

Aun con esos bemoles, la venta de AySA es uno de los pocos logros que puede anotarse el gobierno en el estratégico rubro de las privatizaciones. Los éxitos han sido modestos: en casi tres años de achicar el patrimonio estatal obtuvo U$S 796 millones por la concesión de las centrales hidroeléctricas de la Patagonia; U$S 356 millones por su participación en Transener (transporte de energía) y U$S 27 millones por la metalúrgica Impsa. La privatización de Intercargo fracasó, la de Aerolíneas quedó en suspenso y la del Belgrano Cargas tambalea tras la deserción del principal interesado, el Grupo México.

Así y todo, el gobierno incluyó en sus previsiones para el bienio 2026-27 ingresos por privatizaciones por U$S 2300 millones para aplicar a los pagos de deuda, un 5% de los casi U$S 45.000 millones que vencen en ese período. El FMI saludó la decisión de desprenderse de esos activos: en su nota del martes último, en la que anunció el visto bueno del staff a la última revisión de las cuentas fiscales, exhortó a «avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente».  «

Sin prestar mayor atención a la decaída actividad interna y a las señales de recesión, el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de respaldo al gobierno de Javier Milei. El organismo emitió un comunicado anunciando un acuerdo a nivel de personal técnico con Argentina sobre la tercera revisión del programa. En los hechos, la comisión que auditó las cuentas fiscales recomendará al directorio habilitar el desembolso de otro tramo del préstamo por U$S 900 millones.

n sus consideraciones, el Fondo opinó que el programa económico en curso «continúa arrojando resultados impresionantes» y que «las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina». También ratificó que se mantendrá el objetivo de superávit primario de 1,4% del PIB. Con todo, la meta fiscal intermedia, a junio de 2026, no fue alcanzada y todo indica que, recesión mediante, el gobierno tendrá dificultades para alcanzar el objetivo a fin de año.

FMI