El delito de tener opinión y formas de arruinarle el humor al poder

Hay una antigua aspiración de los gobiernos que todavía no ha encontrado su lugar en los manuales de ciencia política: conseguir que los ciudadanos estén de acuerdo, que los periodistas sean prudentes, que los críticos desarrollen un saludable instinto de supervivencia y que los humoristas, por fin, comprendan la importancia institucional de quedarse callados. La dificultad siempre ha sido la misma: la gente piensa. Y, peor todavía, en estos tiempos lo escribe.

En Jujuy, sin embargo, la imaginación legislativa parece haber encontrado una solución que ni Platón, obsesionado con el orden de la ciudad ideal, habría conseguido formular sin ruborizarse: reformar el Código Contravencional e incorporar las figuras de «hostigamiento" y «afectación del honor" por medios digitales. El menú, según la información difundida, incluye hasta quince días de arresto y multas de hasta veinte millones de pesos por un posteo, un comentario o un meme.

Hay cifras que explican una política económica y otras que revelan una concepción del ser humano. Esta última parece sugerir que el ciudadano es libre de expresarse, siempre que tenga solvencia suficiente para afrontar las consecuencias de su espontaneidad. La libertad, en versión premium: incluye derecho a opinar, sujeto a disponibilidad de fondos, pero recuerde algo: antes de publicar, consulte su saldo.

La filosofía, que durante siglos se ocupó de la verdad, la justicia y la libertad, tendrá que incorporar una pregunta más urgente: ¿puedo permitirme decir lo que pienso? Aristóteles definía al ser humano como un animal político. No imaginó que, con el tiempo, ese animal necesitaría conexión a internet para ejercer su condición y asesoramiento jurídico para burlarse de sus gobernantes. Si resucitara en Jujuy, quizá corregiría su definición: el hombre es un animal político que publica bajo su propia responsabilidad patrimonial.

Pero aquí aparece el pequeño inconveniente filosófico: combatir una conducta dañina no autoriza a redactar normas cuyos límites sean tan imprecisos que el ciudadano termine sin saber si está ejerciendo un derecho o protagonizando una contravención. Una cosa es sancionar el acoso debidamente definido y probado; otra, bastante más inquietante, es construir una herramienta cuya interpretación pueda extenderse hasta alcanzar expresiones incómodas para quien tiene poder.

Porque ¿qué significa afectar el honor? ¿El honor es una cualidad moral o un objeto delicado que debe mantenerse fuera del alcance de las opiniones ajenas? ¿Se deteriora con una mentira, con una acusación fundada, con una crítica severa o con un meme particularmente certero? La pregunta no es menor. Si el honor depende de que nadie lo cuestione, entonces deja de ser una virtud y se transforma en un privilegio. Y los privilegios, como sabemos, suelen indignarse cuando alguien los confunde con derechos universales.

Kant exigía que tratáramos a las personas como fines en sí mismas, no como simples instrumentos. Quizá convendría recordarlo en estos tiempos en que el ciudadano parece ser considerado un instrumento para la legitimación del poder, pero un estorbo cuando pretende examinarlo. La autonomía moral supone pensar por cuenta propia.

La diputada nacional Bárbara Andreussi cuestionó, además, que la sanción quede en manos del Poder Ejecutivo y advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad. El asunto adquiere una dimensión especialmente sensible en Jujuy, donde los jueces contravencionales son designados por ese mismo poder. La pregunta surge sin necesidad de convocar a un seminario: ¿quién juzga al ciudadano cuando la estructura institucional que debe garantizar su independencia está vinculada con quién gobierna? Se trata de comprender que la justicia no puede depender de la bondad personal de quienes la ejercen. Las instituciones se construyen para limitar las tentaciones humanas, no para depositar en ellas una confianza religiosa.

Montesquieu entendió que el poder necesita límites porque quien lo ejerce es humano. La observación conserva una actualidad extraordinaria. Cambian los palacios, los uniformes, los discursos y las plataformas digitales, pero persiste esa fascinación por acumular facultades y la tendencia, casi sentimental, a considerarlas siempre necesarias cuando se trata de los demás. Y aquí entra en escena el meme.

El meme es una de las grandes conquistas de la humanidad, aunque todavía no figure en los monumentos. Es el bufón medieval que consiguió escapar del castillo, comprarse un teléfono y entrar en los despachos sin pedir permiso. Reduce una solemnidad de veinte páginas a una imagen; convierte una declaración ampulosa en una caricatura y descubre, en segundos, la distancia entre lo que el poder dice ser y lo que consigue parecer. Por supuesto, el bufón siempre fue tolerado mientras hiciera reír al rey. El problema comenzaba cuando el rey descubría que la risa no estaba dirigida contra sus enemigos, sino contra él. Entonces la libertad de expresión empezaba a parecer una cuestión de seguridad institucional. La inteligencia no es un requisito constitucional para publicar en internet; por fortuna, porque habría que cerrar buena parte de las redes antes del mediodía.

No hace falta encarcelar a todos los críticos. Basta con que algunos aprendan la lección. La censura más eficaz no necesita prohibir cada frase: consigue que cada persona se prohíba a sí misma. El ciudadano escribe, relee, duda y borra. No porque haya descubierto una falsedad, sino porque calcula el costo de la verdad, de la sospecha o incluso de una ironía que alguien podría interpretar como una afrenta. El poder obtiene así un resultado magnífico: no necesita vigilar todas las voces si consigue que las voces se vigilen entre ellas y, finalmente, a sí mismas. Y conviene recordar algo elemental: un funcionario no es propietario de su cargo ni el Estado es una extensión administrativa de su autoestima. Quien acepta una función pública acepta también un nivel más intenso de escrutinio. La reputación de un gobernante no puede depender de que los ciudadanos hablen bien de él, sino de que sus actos resistan la discusión pública.

La democracia, entretanto, seguirá pronunciando discursos sobre la libertad. Quizá hasta organice jornadas, imprima folletos y convoque a especialistas para explicar su importancia. Solo tendrá que resolver un pequeño detalle: permitir que alguien la critique sin que esa crítica se convierta, por obra de una interpretación conveniente, en una amenaza al orden. Porque una democracia que no soporta un meme tiene un problema mucho más serio que el meme. Y un gobierno que necesita protegerse de la ironía debería revisar sus actos antes que el Código Contravencional.

Después de todo, la sátira no siempre tiene razón. Pero cuando el poder empieza a ponerle precio, la pregunta ya no es cuánto cuesta una broma. La pregunta es ¿cuánto miedo necesita una autoridad para dejar de encontrarla graciosa?

*Miguel Ángel Falcón Padilla. Doctor en Filosofía.

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