El Caburé: apelaron la decisión que mantiene a dos empresas como querellantes

El fiscal de Instrucción N.º 1 de la Segunda Circunscripción, Leandro Estrada, Fiscalía de Estado y el exfuncionario Ricardo André Bazla apelaron la resolución que mantiene a las empresas Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes en la causa conocida como El Caburé.

Durante una audiencia en el Colegio de Jueces, las tres partes solicitaron que se revoque la decisión del juez de Garantía N.º 1, Alfredo Cuello, quien rechazó el pedido para apartar a las dos firmas del expediente.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 y apunta a presuntas irregularidades en la administración de un campo de 1.997 hectáreas propiedad del Estado provincial, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 27. Uno de los ejes centrales es el destino de la cosecha de maíz que había en el predio cuando el Gobierno recuperó su posesión, en abril de 2024.

La hipótesis fiscal sostiene que, después de la recuperación del inmueble, se cosechó y retiró maíz sin los procedimientos administrativos correspondientes ni una rendición de cuentas que permitiera establecer qué cantidad se recolectó y cuál fue su destino. Un trabajador declaró que trasladó alrededor de 40 camiones de maíz a un campo cercano.

En diciembre de 2025, Darío Oviedo Helfenberger fue imputado por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En marzo de 2026, la investigación también alcanzó a Bazla, a quien la Fiscalía vinculó con la presunta defraudación al Estado. Ambos sostienen su defensa en el marco del proceso judicial.

Estrada pidió que se revoque la resolución porque, a su entender, el damnificado por los presuntos delitos contra la administración pública es el Estado provincial y no las empresas que buscan intervenir como querellantes.

En la misma línea, el representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, solicitó que se deje sin efecto la decisión de Cuello. Consideró que el juez excedió sus facultades y que la resolución afecta las atribuciones del Ministerio Público Fiscal. También remarcó que el Estado provincial es el damnificado en la investigación.

Por su parte, Bautista Rivadera, abogado defensor de Bazla, pidió que se aparte a las empresas. Argumentó que no existen intereses privados que justifiquen su intervención y advirtió que la participación de las firmas podría fragmentar el objeto procesal. También señaló diferencias entre las teorías del caso, las calificaciones legales y los hechos planteados por las querellas y la Fiscalía, algo que, a su criterio, perjudica la estrategia defensiva.

Los representantes de Galia Norte y San Jorge Cereales solicitaron que se rechacen las apelaciones. Sostuvieron que los recursos son improcedentes, carecen de fundamentos y no precisan agravios concretos. También plantearon que el Código Procesal prevé mecanismos para alcanzar una acusación única cuando existen distintas teorías sobre los hechos.

En tanto, Gustavo Reviglio, defensor de Oviedo, se opuso a los planteos de las partes apelantes. Afirmó que su defendido debe poder defenderse de todas las acusaciones y consideró que la discusión sobre la participación de las empresas resulta abstracta y contradictoria en esta etapa del proceso.

El tribunal, integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera, informó que dará a conocer su resolución dentro del plazo legal.