Economía busca despegarse de la polémica por las tasaciones de las empresas del Estado a privatizar
"El Tribunal de Tasación no está autorizado a evaluar empresas a privatizar", alegó su titular, Julio Villamonte. Las razones técnicas con las que defienden haberse apartado del procedimiento de fijar su valor. El trabajo conjunto con el BICE, que creó una comisión ad hoc.

"El Tribunal de Tasación no está autorizado a evaluar empresas a privatizar", alegó su titular, Julio Villamonte. Las razones técnicas con las que defienden haberse apartado del procedimiento de fijar su valor. El trabajo conjunto con el BICE, que creó una comisión ad hoc.
AySA, trenes, Nucleoeléctrica y otras empresas del Estado quedaron en la polémica por la forma en la que fueron valuadas.
El Gobierno Nacional, desde un principio, manifestó su intención de privatizar la mayoría de las empresas en manos del Estado. La idea original, contenida en la Ley Bases, era que pasen a manos privadas unas 40 empresas. Pero el Congreso Nacional redujo ese listado a unas ocho, no exentas de polémica.
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Las privatizaciones suelen generar controversias y sospechas y, en esta oportunidad se dan, entre otros cuestionamientos, el tema de cómo se determinaron las valuaciones, clave para el monto que terminan desembolsando los oferentes.
A partir de una revelación de Ámbito, quedó bajo la lupa que el Ministerio de Economía haya desplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que sea el BICE el que efectué las tasaciones de las empresas a privatizar. Para tal fin, se creó una Unidad de Valuaciones dentro del BICE para determinar los precios de compañías como AySA, Intercargo y Nucleoeléctrica.
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Esto no solo motivó la serie de investigaciones publicadas por este diario, sino luego de salir a la luz el procedimiento nuevo, disparó pedidos de informes en el marco del Congreso, y la intervención de la justicia que reclama informes al Ministro de Economía Luis Caputo.
El argumento oficial para desplazar al Tribunal de Tasaciones fue que carece de las herramientas técnicas para valorar empresas con flujo de fondos futuros. Ámbito entrevistó a su presidente, Julio Villamonte para que explique por qué se excusaron, y cuál es su rol en relación a las privatizaciones. A continuación, los aspectos más salientes de la entrevista
Periodista.: ¿Por qué razón el Tribunal no se ocupó de tasar las empresas sujetas a privatización?
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Julio Villamonte: El Tribunal de Tasación de la Nación, de manera orgánica, puede actuar en los casos en los que está previsto que son los casos judiciales. Como antecedente de tasación de empresas, el Tribunal trabaja de acuerdo a su normativa en expropiaciones. Tal fue el caso en los años 90 de las expropiaciones de Aerolíneas y de YPF. El Tribunal está obligado por ley a intervenir cuando son expropiaciones.
Cuando desde la Agencia de Transformación de Empresas (que conduce Diego Chaher también dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo) nos consultaron cuál podría ser la intervención que podríamos tener en el marco de las privatizaciones, hicimos un análisis de la normativa vigente.
La normativa vigente tiene un sesgo, en parte, porque estuvo pensada para resolver en expropiaciones, y la ley de expropiaciones establece que no se puede tener (para tasar) en cuenta beneficios futuros. Cómo verá el concepto es otro. El Tribunal no tasa en razón de lo que pueden ser las empresas, sino en razón de lo que fueron.
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En síntesis, el Tribunal Tasación de la Nación solo interviene en expropiaciones, no en privatizaciones, porque su normativa y metodología están pensadas para valorar empresas según su pasado (método patrimonial), no por beneficios futuros.
P.: Entonces, si mañana se quiere expropiar una empresa estatal cuyo valor también este dado por el desarrollo potencial, le pongo un ejemplo hipotético, Vaca Muerta, ¿Cómo haría el Tribunal para fijar su valor en el caso de expropiar?
J.V.: El Tribunal de Tasación aplica la normativa vigente, que solo contempla el valor contable ajustado de los activos, sin auditar pasivos ni valorar intangibles El Tribunal no puede auditar pasivos, solo sobre los activos a valor de mercado. Al momento de privatizar, los intangibles tienen valor. Estamos trabajando en actualizar las normas para incorporar enfoques internacionales y considerar intangibles.
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P.: ¿Cuál es la tarea habitual del Tribunal?
J.V.: El tribunal tasa aproximadamente 1800 expedientes por año. Ahora nosotros hemos tasado los activos y el BICE hace la que nosotros no podemos llevar a cabo. Tasamos alquileres, concesiones de todos los organismos del Estado Nacional que se alquilan. Las tasaciones de las expropiaciones. Somos órgano rector brindar asistencia técnica y actuar como auxiliar de la justicia.
P.: ¿Qué otros trabajos importantes están haciendo en este momento el Tribunal de Tasación?
J.V.: Según el decreto 1018, estamos tasando bienes de desarrollos urbanísticos incompletos del programa Procrear, para disolver fideicomisos y transferir propiedades a provincias o municipios. Nuestra tasación es vinculante para la Secretaría de Obras Públicas y sirve de base para que Economía gestione las transferencias. El proceso busca transparencia y un criterio técnico de valor de mercado, considerando que el costo de obra no siempre refleja el valor agregado al inmueble.
Hay diferentes modalidades, en algunos la propiedad del suelo, digamos, del terreno, era del Estado nacional, en otros eran de provincias y municipios, y sobre esos terrenos, en el marco del acuerdo del fideicomiso, la Nación ha efectuado inversiones.
Hubo que establecer el valor de las inversiones y de los terrenos para disolver el fideicomiso, Algunas de estas obras fueron a subasta, otras en todavía en proceso para ser subastadas. En algunos otros casos las provincias o municipios se quedaron con esas obras.
El programa Procrear representa unos 100 desarrollos urbanísticos, es decir unos 100 expedientes.
Le pongo un ejemplo, una obra en Berazategui, fue transferida a la Provincia de Buenos Aires, unas 1600 viviendas con un avance de obra de 25% y, si mal no recuerdo se tasó, cerca de 14, millones de dólares.
Lo que nosotros establecimos fue un criterio técnico para darles a estas obras un valor de mercado para que esos inmuebles se puedan colocar.
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