Defensa: el Gobierno prepara un cambio de paradigma estratégico con foco en la disuasión, el Atlántico Sur y la Antártida
El documento que prepara la gestión de Javier Milei plantea fortalecer las capacidades militares, ampliar la vigilancia sobre los espacios de interés nacional y adaptar a las Fuerzas Armadas frente a nuevas amenazas, con especial atención al extremo austral y las rutas marítimas.
El documento que prepara la gestión de Javier Milei plantea fortalecer las capacidades militares, ampliar la vigilancia sobre los espacios de interés nacional y adaptar a las Fuerzas Armadas frente a nuevas amenazas, con especial atención al extremo austral y las rutas marítimas.
El Gobierno prepara un cambio de paradigma estratégico.
En medio de la refriega diplomática entre Argentina y Chile por declaraciones equívocas del jefe de la Fuerza Aérea Argentina acerca del Estrecho de Magallanes, el país sigue sin contar con la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
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La gestión de Luis Petri elaboró la DPDN de LLA y el proyecto quedó en el GDE (sistema de Gestión Documental Electrónica) del usuario Marcelo Rozas Garay, entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, listo a circular hacia la Casa Rosada y adquirir rango de decreto.
El trámite, un texto de más de 50 páginas concebido por Juan Battaleme, ex secretario de Asuntos Internacionales, se pausó en octubre de 2025 justo sobre el final del periodo de Petri y fue a la carpeta de pendientes para el sucesor Carlos Presti.
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La DPDN es el documento liminar donde el Presidente fija el escenario estratégico y las instrucciones desde las que sus Fuerzas Armadas planifican y cumplen con las prioridades de defensa del país.
El Decreto 1.729/2007 establece que el Poder Ejecutivo debe dictar en septiembre del primer año de cada mandato la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN).
Excedido por largo el lapso reglamentario, el Comandante en Jefe de las FFAA y presidente Javier Milei aún no dio a luz la nueva orientación política de defensa y en los hechos está vigente la DPDN 2021 de la administración Alberto Fernández cuando Agustín Rossi ocupaba el ministerio de Defensa.
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Esa directiva definía el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake (Mar de Hoces) como "espacios compartidos" donde resulta fundamental fortalecer la "exploración, estudio y control conjunto" del lugar. Aserto que generó fricción diplomática y una nota de protesta de Chile, el Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena según los tratados limítrofes vigentes (como el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984).
En una exegesis precisa se diría que el aeronáutico Gustavo Valverde no cometió un yerro por sus dichos sobre Magallanes ya que seguía el orden legal vigente de 2021, claro, en todo caso sí exhibió una "conciencia situacional política" insólita tratándose de un alto jefe que fue designado en y por el gobierno libertario.
La polémica actual con los trasandinos por el paso Magallanes con cruce de notas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna, sumadas a comunicaciones de los zares de la defensa, Carlos Presti y Fernando Barros, pusieron otra vez en trámite exprés el escrito preliminar de la DPDN.
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El proyecto de Petri que no llegó al status de decreto por morosidad administrativa, pero estaría en proceso de actualización, ponía atención vital al Atlántico Sur, las rutas marítimas, sus pasos australes y la proyección hacia la Antártida.
Las Zonas de Seguridad de Frontera, el Atlántico Sur y la Antártida aparecían como espacios prioritarios, junto con corredores bioceánicos, rutas marítimas y aéreas, líneas logísticas e infraestructura crítica.
Defender el país implicaba garantizar la continuidad entre el territorio continental, el Atlántico Sur y la Antártida, se analizaba en el texto.
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En esa arquitectura, Ushuaia tomó envergadura como polo logístico antártico y centro de gravedad para la Defensa. El extremo austral pasó a ocupar un lugar central en el planeamiento estratégico, según esa mirada.
El proyecto de DPDN 2025 eliminó la referencia errónea a un espacio compartido y al control conjunto argentino-chileno del paso Magallanes que había plasmado la gestión Rossi.
El punto "Escenario Regional", de aquel documento consolidado presenta Magallanes y Drake dentro de las cuatro principales líneas de comunicación marítima del hemisferio, junto con el Canal de Panamá y el Pasaje del Noroeste en Canadá.
El documento les da una valoración estratégica, geopolítica y de flujo comercial.
Con ese encuadre se convierte al extremo austral argentino en un asunto de interés estratégico hemisférico, no solamente nacional o bilateral.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el Plan de Inteligencia Nacional reafirma como uno de sus ejes la prioridad sobre Atlántico Sur (soberanía, recursos), sector antártico y extremo austral del continente.
La Cancillería definió en fecha reciente al extremo austral como una zona de creciente centralidad por sus recursos, sus rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.
En agosto de 2025, el titular del Comando Sur de EEUU señaló expresamente que, en el Cono Sur, las líneas marítimas vitales de comunicación —incluidos el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake— funcionan como "strategic choke points", y vinculó explícitamente su importancia con la posibilidad de que China proyecte poder, perturbe el comercio y desafíe la soberanía regional o la neutralidad antártica.
Uno advierte que la formulación argentina coincide conceptualmente con la manera en que el aparato estratégico estadounidense observa el Cono Sur.
En el punto "Diagnóstico y Apreciación de Escenarios de Defensa" se percibe la secuencia que prevaleció en su elaboración: competencia entre grandes poderes, occidente Global vs este Global, (léase EEUU y sus aliados en rivalidad con China, Rusia y sus socios), competencia por recursos, necesidad de controlar rutas marítimas luego se desprende la importancia de los estrechos o pasos oceánicos.
El nuevo proyecto en estudio permite leer el extremo sur como un sistema integrado: Atlántico Sur – Ushuaia/Magallanes – Antártida.
El Atlántico Sur concentra recursos naturales, rutas marítimas y accesos interoceánicos. Ushuaia constituye un nodo logístico. La Antártida representa el espacio de proyección bicontinental y uno de los escenarios donde el documento anticipa una creciente competencia geopolítica.
En ese esquema, Magallanes y el Paso Drake ganan peso por su función dentro de la conectividad estratégica austral.
La prioridad en la visión de la DPDN pasa por asegurar rutas, abastecimiento, comunicaciones, transporte y presencia hacia la Antártida. La Defensa se concibe en el planteo de LLA como un sistema integrado de accesos, nodos logísticos, sensores y capacidades militares.
El cambio también amplía la definición de amenaza. La pesca ilegal, las economías ilícitas transnacionales, el sabotaje, los ciberataques, las agresiones electromagnéticas, las amenazas contra infraestructura crítica y las vulnerabilidades de las rutas logísticas ingresan en la apreciación estratégica.
La respuesta requiere inteligencia, anticipación, vigilancia y capacidad de reacción gradual, decía el proyecto.
Al mismo tiempo, el instrumento militar es concebido como un sistema multidominio, que integra tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.
El documento asigna importancia a sistemas C4ISR, información satelital, sensores, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.
La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad y adquisición e incorporación de tecnología.
Pero introduce una condición: la cooperación no debe sustituir la capacidad nacional ni limitar la autonomía estratégica argentina.
La fórmula que emerge es utilizar los vínculos internacionales como multiplicadores de capacidades, pero sobre la base de un instrumento militar propio.
La comparación entre la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021 del gobierno de Alberto Fernández y el nuevo proyecto no nato de la gestión Milei pasa de una concepción centrada principalmente en la prevención de una agresión militar estatal externa —cuestión que se modificó parcialmente con el decreto N°1112/24—; la cooperación regional y la autonomía cooperativa a otra que coloca en primer plano la disuasión por negación, la presencia permanente, la vigilancia, el control de los espacios estratégicos y la recuperación de capacidades.
La disuasión por negación supone que las Fuerzas Armadas deben disponer de medios suficientes para impedir que un eventual adversario pueda alcanzar sus objetivos. Contar con capacidades visibles y creíbles que hagan demasiado costoso o difícil concretar una acción militar.
Los cazas F-16 permiten reconstruir una capacidad de combate aéreo supersónico que había quedado severamente degradada, mientras que los Stryker aportan movilidad, protección y potencia de fuego a las fuerzas terrestres.
El punto da para aclaraciones de especialistas. La ausencia de submarinos deja huérfano al poder naval de la nueva concepción de disuasión.
El país tiene una carencia estratégica crítica: la capacidad submarina, que constituye actualmente la principal capacidad convencional ausente en el componente naval de la disuasión por negación.
La Argentina perdió su último submarino operativo, el ARA San Juan, tras su naufragio en noviembre de 2017.
La Armada no dispone de una capacidad submarina efectiva, déficit crucial para un país con extensa plataforma marítima, enormes espacios oceánicos, recursos pesqueros y energéticos y responsabilidades estratégicas en el Atlántico Sur.
No hay espacio para la disuasión por negación sin la capacidad submarina. Brasil y su programa Prosub de fabricación de submarinos se enfoca en volver el acceso al océano demasiado peligroso y prohibitivo para un posible agresor, consolidando su soberanía sobre la denominada "Amazonia Azul".
Un submarino convencional aporta vigilancia, inteligencia, capacidad de permanencia y, sobre todo, incertidumbre, el atributo del sigilo eleva el costo y el riesgo de cualquier operación naval enemiga.
Otro cambio relevante es la ampliación del concepto de amenaza. Pesca ilegal, explotación irregular de recursos, economías ilícitas transnacionales, sabotaje, terrorismo, ciberataques, agresiones electromagnéticas, amenazas contra infraestructura crítica y restricciones a rutas logísticas pasan a integrar la apreciación estratégica.
El cambio consiste en reconocer que los intereses vitales pueden ser afectados mediante mecanismos que no necesariamente adoptan la forma de una invasión militar convencional.
El instrumento militar pasa a ser concebido como un sistema multidominio, incorporando tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.
El Estado Mayor Conjunto deberá integrar información satelital, cibernética, naval, aérea y terrestre. El proyecto contempla sistemas C4ISR, sensores, satélites, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.
La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad, participación multinacional e incorporación de tecnología.
Pero establece un límite: la cooperación no debe restringir la autonomía estratégica argentina.
Es decir, utilizar la cooperación como multiplicador de capacidades, pero no como sustituto del instrumento militar nacional.
El proyecto habla de una "refundación de la Defensa" y plantea revertir años de postergación en inversión, modernización y sostenimiento.
La agenda incluye previsibilidad presupuestaria, recuperación de sistemas críticos, logística, industria nacional de defensa, investigación y desarrollo, inteligencia artificial, vehículos no tripulados, guerra electrónica, ciberdefensa, sistemas espaciales y capacidades C4ISR.
En el proyecto de DPDN el archipiélago aparece en dos escenarios: el de la controversia soberana, pero también como parte de uno de mayor alcance: la seguridad estratégica del Atlántico Sur.
Incorpora distintos factores que convergen sobre la región: la seguridad marítima, la protección de los recursos pesqueros, el control del espacio marítimo, la presencia de actores extrarregionales y la importancia geopolítica de la conexión entre el Atlántico Sur y la Antártida.
Plantea que Atlántico Sur, Malvinas y Antártida deben ser considerados como un único complejo estratégico, donde la diplomacia, la cooperación regional y la reconstrucción de capacidades militares resultan complementarias para preservar los intereses nacionales argentinos.
La iniciativa de DPDN reafirma la vía diplomática y el Derecho Internacional como mecanismos para la recuperación de la soberanía, pero advierte sobre la asimetría militar existente y el despliegue británico permanente y semipermanente en el Atlántico Sur.
Sostiene que el reclamo diplomático requiere ser acompañado por la reconstrucción de capacidades militares, capaces de respaldar los objetivos políticos y estratégicos argentinos.
Introduce un párrafo crítico: "La política de Defensa de años previos a la actual no tuvo una orientación clara en torno a la reconstrucción de capacidades militares que permitan acompañar de manera asertiva el reclamo que se realiza de manera incansable por la vía diplomática. En años anteriores, los mayores esfuerzos estuvieron concentrados en manifestar una sucesión de declamaciones que nunca se tradujeron en capacidades militares reales".
El texto preliminar destaca la preeminencia hemisférica de Estados Unidos y considera limitada, al menos en el corto plazo, la capacidad china para proyectar poder sustantivo sobre el Atlántico Sur.
Advierte sobre un posible deterioro del régimen antártico y el traslado a la región de dinámicas de competencia observadas en el Ártico. La exploración de recursos, el empleo de drones de uso dual, las disputas sobre áreas marinas protegidas y las capacidades espaciales constituyen, según el documento, indicadores de futuras tensiones.
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