Convocar para paralizar: la estrategia del Gobierno en Diputados para morosidad y discapacidad

Ante el pedido de sesión opositor, La Libertad Avanza convocó a dos comisiones que se encontraban paralizadas, para poder desarmar la mayoría que había en torno a dos temas que le son ajenos.

La Libertad Avanza busca evitar una sesión opositora.

El Gobierno respondió pronto y con actividad a la primera confluencia de opositores y habituales aliados en torno a dos temas: morosidad y discapacidad. Mientras en el Senado mantienen una agenda paralela de proyectos económicos, en Diputados el oficialismo busca desactivar la iniciativa de los bloques disidentes y convocaron a reuniones informativas en comisiones que se encontraban paralizadas, para así poder desarmar una posible mayoría en su contra.

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La oposición había dado el primer paso en la sesión del pasado miércoles, donde buscó tratar sobre tablas una ley que dé respuesta al endeudamiento en hogares. No alcanzó una mayoría especial, pero si una cifra (133) superior a la mitad del recinto, lo que lo animó a convocar a una nueva sesión para el 9 de septiembre que permita emplazar plenarios de comisiones -es decir, obligar a reunir espacios presididos por libertarios- y dictaminar algunos de los 50 proyectos para afrontar la morosidad que se presentaron, junto a la prolongación de la emergencia en discapacidad.

Sancionada a través de la Ley 27.793, la emergencia en discapacidad vencerá el 31 de diciembre de este año. Fue aprobada y ratificada en 2025, tras un veto presidencial, misma situación que la ley de Financiamiento Universitario. Al igual que en este último caso, los involucrados en la reglamentación advierten que no existe una correcta implementación, con registros de atrasos en los nomencladores tarifarios y cancelaciones de la red de pagos que se mantienen vigentes. El pasado 27 de agosto hubo un cese de tareas de prestadores de servicios en distintas ciudades del país, como Córdoba y Mar del Plata.

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Alejandro Vilches, secretario Nacional de Discapacidad.

Esa situación, en conjunto con elcrecimiento récord de la morosidad, promovió que la actual oposición legislativa ( peronismo, radicales disidentes, cordobeses y el FIT) reciba el apoyo de habituales aliados provinciales (desde Catamarca, Salta, Misiones y Tucumán) para la convocatoria. Sobre estos últimos busca operar la maniobra de La Libertad Avanza, que convocó este miércoles a especialistas financieros para hablar de endeudamiento y a funcionarios para explicar sus políticas de discapacidad. En el primer caso, la Comisión de Finanzas se reunió tan solo dos veces para dictaminar proyectos enviados por el Ministerio de Economía. En el segundo, será la primera reunión del año. El repentino interés en convocar a propuestas que le son ajenas en realidad pretende desactivar la convocatoria del 9 de septiembre.

Por otro lado, Ámbito tuvo acceso al documento en el que el presidente de la Comisión de Discapacidad, el tucumano Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), denegó la posibilidad de que organizaciones de discapacitados y de prestamistas de servicios puedan participar del encuentro, con el argumento de que "será la primera de una serie de reuniones informativas" y que el ingreso de oradores "adicionales" se "reservará para reuniones posteriores". La respuesta explicita también el objetivo de extender el debate en el tiempo. Sí estarán el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y los subsecretarios Esteban Giler y Gianfranco Scigliano.

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La redacción del proyecto opositor solo cuenta con tres artículos, cuyo único objetivo es prorrogar la emergencia nacional en discapacidad declarada por la ley 27.793, lo que determinaría un año más -hasta el 31 de diciembre del 2027- de la disposición del "financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones", el fortalecimiento de los honorarios de los prestadores y una compensación de emergencia para los terapeutas y trabajadores de servicios involucrados.

Aún si no se lograra la aprobación de la ley, dado que en el proyecto de emergencia existían capítulos que establecían reglamentaciones de caracter permanente, se sostendría la actualización de los aranceles de las prestaciones sujetados a la inflación y el esquema de auditorías. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la sanción implicó una partida de entre el 0,28% y 0,51% del PBI para todo este año. En lo que va del año, será la primera aparición grabada de Vilches.

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