Conflicto portuario: el Gobierno acordó una baja del 20% en las tarifas y los prácticos levantaron el paro

El Ejecutivo suspendió la aplicación del decreto que desreguló el servicio y conformará una mesa de trabajo con el sector. La medida de fuerza mantenía detenidos a más de 150 buques.

La medida de fuerza había paralizado la operatoria portuaria y mantenía detenidos a más de 150 buques.

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y la reanudación inmediata de las tareas de asistencia a la navegación. La medida permitirá comenzar a normalizar la operatoria portuaria, afectada por un paro que mantenía detenidos a más de 150 buques.

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Como parte del entendimiento, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, que había desregulado los servicios de practicaje y pilotaje, y conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos de la actividad.

La instancia será coordinada por el Gobierno y contará con representantes de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Las conversaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos incluidos en la normativa.

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Los prácticos, por su parte, retomarán sus tareas de manera inmediata luego de haber interrumpido la asistencia a embarcaciones argentinas y extranjeras en rechazo a la desregulación.

El acuerdo se produjo después de que la Prefectura Naval Argentina intimara a 536 profesionales de practicaje y pilotaje a retomar sus actividades. El organismo había advertido que el incumplimiento podía derivar en sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales.

El conflicto comenzó con la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que reemplazó el régimen vigente desde 1991. La normativa creó un registro abierto de profesionales, habilitó a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas.

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También eliminó la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibilizó las condiciones para el traslado de los profesionales y amplió los casos en los que las embarcaciones pueden quedar exceptuadas de contratar el servicio.

En rechazo a esos cambios, los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado que paralizó gran parte de la actividad portuaria. La medida afectó al comercio exterior y generó advertencias sobre posibles dificultades de abastecimiento ante las demoras en el transporte.

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