Comunas de San Pablo y de El Manantial: acuden a la Justicia para evitar la desafectación de una calle

Luego de una fuerte controversia urbanística y de leyes que tuvieron que ser sancionadas en dos ocasiones por errores en la redacción, el Poder Ejecutivo (PE) promulgó las normas por la desafectación del dominio público de calles proyectadas en las comunas de San Pablo y de El Manantial para avanzar con el desarrollo de barrios privados a cambio de la regularización dominial de 80 familias. En ese contexto, la oposición anticipó que recurrirá a la Justicia ya que considera que lo que se sancionó es inconstitucional.

Se publicaron en el Boletín Oficial (BO) el pasado lunes las leyes 9.992 y 9.993, mediante las cuales se autoriza la desafectación del dominio público a caminos que fueron proyectados en las comunas de El Manantial y de San Pablo, respectivamente, en el departamento de Lules. En sus modificatorias, a través de las leyes 9.994 y 9.995, ambas también publicadas en el BO 31.238, se añadió un artículo que precisa que las desafectaciones tienen por finalidad exclusiva "implementar acciones y políticas de interés público vinculadas estrictamente a la regularización dominial, erradicación, construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia de la zona".

En dichas normas, a su vez, se agregó un tercer artículo como cláusula de condicionalidad legal. En términos sencillos, significa que las leyes no tendrán ningún efecto hasta que la empresa Citrusvil S.A. renuncie por completo y para siempre a cualquier juicio, reclamo o derecho que tenga sobre los inmuebles de los que habla las normas.

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Las propuestas fueron impulsadas principalmente por el legislador Mario Leito. En los argumentos, aseguró que lo que se busca con estas leyes es regularizar la situación dominial de unas 80 familias que viven en Ohuanta (San Pablo) y en el barrio San Roque (El Manantial), quienes viven hace décadas en tierras que son propiedades de Citrusvil S.A. Estas precisiones, sin embargo, no fueron consignadas en los textos aprobados, numerados y promulgados.

Legisladores de la oposición cuestionaron la falta de planificación metropolitana por el cierre de una calle pública, puntualmente por el camino que estaba proyectado entre las rutas 301 y 339, perpendicular a la avenida Vicente Lucci. Es que ese paso era el único que podía existir a lo largo de 2,5 kilómetros de barrios privados desarrollados entre esas rutas provinciales. Alfredo Toscano, Eduardo Verón Guerra y Manuel Courel fueron algunos de los parlamentarios más críticos al respecto.

El yerbabuenense estuvo recientemente en LA GACETA Play y anticipó que acudirá a la Justicia para impedir la desafectación del camino proyectado (actualmente allí hay un desagüe de un barrio privado contiguo y una plantación de limones). "Creo que esto es completamente inconstitucional; es una barbaridad esa ley. Básicamente se desafecta una calle pública para dársela a un privado, para que pueda este cerrar unos countries, privando el acceso público que podría haber entre Manantial, San Pablo y Yerba Buena", reprochó.

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Courel repasó que en la sesión por la corrección de las normas no le permitieron el uso de la palabra. Remarcó que con esa ley se terminará de cerrar el único camino que hay en una seguidilla de barrios privados a lo largo de 2,5 kilómetros, "en detrimento de toda la planificación urbana". Además, recordó que hay un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior que advirtió que en las iniciativas no se acreditó adecuadamente por qué el camino habría dejado de cumplir la función pública que justificó su afectación.

"En esta ley, en ningún momento se justifica eso. Se dijo en el recinto que se iba a hacer un en cierta forma 'un canje' (de tierras) con gente que vive en Ohuanta, que tiene problemas de escrituras desde hace más de 70 años, que se le iba a regularizar el dominio, pero eso no está claro en la ley. La ley está muy mal redactada, muy mal hecha. En ningún momento se justifica por qué ese camino público debe dejar ese público y tiene que pasar a ser privado, de unos countries. Eso lo vamos a plantear a través de un amparo en los próximos días", aseguró el legislador camperista.

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