Campo, finanzas y poder: la economía que se decide detrás de la tranquera

El agro argentino atraviesa bajo este gobierno una crisis. Dos hechos recientes permiten verlo con claridad: la situación del sector ganadero y la caída de la construcción vinculada a la infraestructura agropecuaria.

Detrás de la tranquera: el agro argentino atraviesa bajo este gobierno una crisis que combina deterioro de la infraestructura y dificultades en las economías regionales.

El Gobierno continúa con una política económica que, por momentos, parece difícil de interpretar si se la mira medida por medida. Sin embargo, cuando se observan sus efectos sobre sectores concretos, empieza a delinearse un rumbo. Dos hechos recientes permiten verlo con claridad: la situación del sector ganadero y la caída de la construcción vinculada a la infraestructura agropecuaria.

También te puede interesar: Milei hablará este domingo en la Rural con poca expectativa de anuncios

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como señalamos en esta columna, en "El campo y su revolución ¿con o sin infraestructura?", el agro argentino atraviesa bajo este gobierno una crisis que combina deterioro de la infraestructura y dificultades en las economías regionales. El Semáforo de Economías Regionales de CONINAGRO registró en febrero de 2026 cuatro actividades en verde, seis en amarillo y nueve en rojo. Frente al mes anterior, el informe mostró una desmejora: la mandioca pasó de amarillo a rojo. A ese cuadro se suma el rojo en construcciones agropecuarias —galpones, establos bovinos o porcinos, invernaderos, silos, maquinarias y tanques—, junto con el retiro de la obra pública y la selectividad de las transferencias a provincias. El resultado es un aumento del costo operativo y un panorama complejo para la Argentina tranquera adentro.

El dato reciente del producto bruto interno y del VAB agropecuario en construcciones agropecuarias confirma esa tendencia. En el primer trimestre de 2026, este componente representó apenas el 0,8% del VAB agropecuario, en línea con una desaceleración que se viene observando durante los últimos diez años.

En el predio de la Sociedad Rural, Gustavo Weiss, de COMARCO, sostuvo: "Contamos con más de 250 estudios sobre las obras clave que el país necesita para bajar costos y ganar competitividad. Sin una infraestructura moderna, financiada mediante inversión pública y privada, no hay desarrollo posible para ningún sector. La gran ambición del CPI es poner este debate de manera permanente en la agenda nacional para lograr ese cambio indispensable". La declaración coincide con las preocupaciones que venimos señalando desde abril, pero abre una pregunta incómoda: ¿cómo se compatibiliza ese reclamo de inversión pública con una política oficial que presenta la reducción de la obra pública como parte central del superávit fiscal y sostiene ajustes sobre las provincias?

El segundo punto es la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que fue rechazada por la cadena ganadera argentina: la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, el Consorcio de Exportadores de Carnes, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, la Unión de la Industria Cárnica Argentina, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y la Federación de la Industria de Frigoríficos Regionales. Esos sectores advierten que el cambio propuesto equivaldría, en los hechos, a la desaparición del IPCVA. El borrador impulsado por Sturzenegger prevé eliminar las contribuciones obligatorias desde el 1° de octubre de 2027 y pasar a un esquema de financiamiento voluntario.

¿Cómo se entiende la política económica del actual gobierno hacia uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional? Un texto de Marcelo Diamand, "Doctrinas económicas, desarrollo e independencia", ofrece una clave de lectura para ordenar el conflicto.

En el capítulo 17, "La teoría clásica como paradigma racionalizador del poder económico y financiero", Diamand señala que, al referirse a la época de Keynes, muchos autores identifican los intereses dominantes con el capitalismo industrial y financiero. Esa lectura, advierte, incurre en una simplificación: dentro del capitalismo es necesario distinguir varios subgrupos con intereses en conflicto. Por un lado, el sector industrial y comercial que trabaja para el mercado interno; por el otro, el sector financiero y el exportador.

El quehacer económico queda así planteado en dos planos: el productivo y el financiero. Los intereses industriales coinciden con la máxima valorización del capital real. Desde el punto de vista del sector industrial, una recesión resulta perjudicial: cuando la demanda disminuye, quedan equipos ociosos, aumenta el peso de los gastos fijos, suben los costos unitarios y cae bruscamente la rentabilidad.

Diamand plantea que, salvo en las industrias orientadas específicamente a la exportación, los intereses industriales están directamente ligados al crecimiento de la demanda interna y al pleno empleo.

En ese marco también se puso en discusión la carta orgánica del Banco Central. Uno de sus objetivos actuales, el pleno empleo, orientando las variables e incentivos financieros para propiciar la creación y el sostenimiento de puestos de trabajo. El borrador del proyecto coordinado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminarlo, en cambio, pasar a tener un objetivo único: concentrar la función exclusiva del organismo en combatir la inflación.

Diamand señala que los aumentos salariales siempre incrementan los costos y, por lo tanto, pueden afectar las utilidades empresarias. Pero, al mismo tiempo, también expanden la demanda interna de bienes de consumo. Por eso, exceptuando nuevamente a las industrias puramente exportadoras, el conflicto entre intereses industriales y aumentos salariales se atenúa por ese efecto indirecto sobre el mercado interno.

Los intereses financieros operan con una lógica opuesta, porque buscan la máxima valorización de lo monetario. El poder del sector financiero aumenta cuanto más escaso y difícil de conseguir es el bien que controla —el dinero— y cuanto mayor libertad tiene para utilizarlo mundialmente. Por eso, sus intereses se alinean con políticas monetarias restrictivas, estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria y convertibilidad internacional de las monedas nacionales. Dentro de cierto rango, sus utilidades dependen poco del nivel de producción; por eso, el pleno empleo y el crecimiento no ocupan un lugar central en su agenda. Además, las políticas orientadas a combatir el desempleo implican abandonar las prioridades financieras en el manejo monetario. Desde esta perspectiva, los aumentos salariales resultan inconvenientes porque elevan los costos internos, reducen el valor interno de la moneda y pueden presionar sobre una devaluación. Los aliados naturales de este sector son los exportadores: también priorizan la libertad de intercambio internacional y sus utilidades no dependen de la demanda interna. Para ambos sectores, el pleno empleo no es una prioridad y el salario aparece, ante todo, como un costo.

La libertad económica funciona como eje de esa alianza financiera-exportadora. Desde esa mirada, el salario aparece asociado a la inflación, ya sea por transferencia a precios o por emisión. Así, la estructura productiva financiera-exportadora se organiza alrededor de la principal producción de exportación y deja en segundo plano los objetivos de una economía periférica. Prebisch lo definía como un capitalismo periférico, caracterizado por la desigualdad del ingreso y por un régimen del suelo subordinado al mercado externo. Ese es el dilema que propone resolver Diamand: reconocer el conflicto entre sectores y discutir qué instrumentos de política económica permiten abordarlo. En esa tradición también aparecen las experiencias de países que protegieron sus industrias antes de competir internacionalmente, como Estados Unidos y Alemania, y pensadores como Alexander Hamilton y Friedrich List, críticos de la teoría clásica que todavía domina buena parte de la enseñanza económica. El pensamiento crítico exige recuperar ese conflicto: cuando una teoría lo borra del análisis, también borra las decisiones políticas que lo sostienen.

Por último, Diamand advierte que cada vez que surge un conflicto entre la alianza financiera-exportadora y los intereses de los demás sectores, esa alianza construye poder político mediante una doble operación ideológica: por un lado, oscurece o niega la naturaleza del conflicto; por el otro, desacredita los instrumentos necesarios para resolverlo en favor de los sectores populares, como una política económica distributiva o un Banco Central que también tenga como objetivo el pleno empleo. Esa tensión permite leer las medidas actuales no como hechos aislados, sino como parte de una orientación más profunda sobre quiénes ganan, quiénes pierden y qué modelo de país queda detrás de la tranquera. Por todo ello, observamos los cambios como un abandono a las economías regionales más vinculadas al mercado interno, con fuerte variaciones de precios, pero con el costo fijo (gas, agua, electricidad y peaje) elevados y con una desarticulación del sistema nacional de ciencia e innovación dejando al sector agropecuario bajo la orbita de los intereses vinculados a la exportación. Con un sistema financiero aceitado para ese trabajo y con un mayor abandono de la infraestructura agropecuaria. Señal de ello es la intención de eliminar el IPCVA que viene funcionando desde el 14 de noviembre de 2001.

(*) Economista UBA, docente e investigador IDEPI-UNPAZ, UNAJ / UNDAV / UNLa.

• #economia
• #campo
• #finanzas
• #poder
• #que
• #decide
• #detras
• #tranquera
• #n6302620
• #buenos aires + caba