ARA San Juan: la querella mayoritaria pidió penas efectivas, revisar las absoluciones y advirtió que "la historia puede volver a repetirse"

Dos querellas apelaron el fallo por el ARA San Juan: una pide agravar penas y otra, un nuevo juicio en Mar del Plata.

A casi nueve años del hundimiento del ARA San Juan, la causa por la muerte de sus 44 tripulantes vuelve a quedar en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Las querellas presentaron dos planteos diferentes: mientras las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de 34 familiares, buscan agravar la condena al ex capitán de Navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide y cuestionar las absoluciones de otros tres acusados, el abogado Luis Tagliapietra pidió directamente que se anule el juicio realizado en Río Gallegos y se realice un nuevo debate en Mar del Plata.

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Para Carreras y Arias, el juicio permitió acreditar que el submarino no se encontraba en condiciones adecuadas y que el desenlace podía haberse evitado. "No fue una tragedia ni un accidente: fue totalmente evitable, y si fue evitable, alguien no hizo lo que debía hacer, en el momento en que debía hacerlo", sostuvieron en el recurso presentado ante Casación.

Las abogadas solicitaron que la condena a Villamide, de tres años de prisión en suspenso, sea elevada y pase a ser de cumplimiento efectivo. También reclamaron que se revoque la absolución del contraalmirante (RE) Luis López Mazzeo.

En el caso de los oficiales Héctor Alonso y Hugo Correa, la querella no pidió directamente una condena, sino que sus absoluciones sean declaradas nulas por falta de fundamentación y que se dicte una nueva resolución luego de analizar de manera adecuada las funciones que cada uno cumplía dentro de la cadena de mando.

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Según las representantes de los familiares, el tribunal realizó una interpretación demasiado restrictiva de las responsabilidades de los distintos oficiales. "Una función puede ser auxiliar respecto de la autoridad que adopta la decisión final y, al mismo tiempo, generar deberes propios de asesoramiento, advertencia, coordinación, verificación o información", plantearon.

Respecto de Villamide, la querella considera insuficiente una pena de tres años en suspenso frente a la gravedad del resultado: la muerte de los 44 tripulantes.

El recurso también pone el foco en una conducta que las abogadas consideran especialmente relevante. Según su planteo, Villamide habría ocultado a sus superiores información vinculada con la manipulación de la válvula E19 y habría intervenido para postergar el ingreso del submarino a dique seco pese a las alertas recibidas.

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"Este ocultamiento activo frente a la propia cadena de mando —y no una mera omisión pasiva— constituye una modalidad de ejecución que la sentencia debía ponderar expresamente al mensurar la pena", sostuvieron.

La querella también cuestionó la absolución de López Mazzeo y consideró que el tribunal redujo indebidamente el análisis a determinar si el entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento conocía la situación vinculada con la válvula E19.

Para Carreras y Arias, la discusión debía abarcar además el estado general de mantenimiento y alistamiento del ARA San Juan y las obligaciones que tenía López Mazzeo por su posición jerárquica. "La ausencia de conocimiento de E19 puede ser relevante para un determinado juicio causal; no demuestra por sí misma que López Mazzeo desconociera el estado general de alistamiento ni que careciera de deberes propios respecto de él", señalaron.

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Las abogadas cuestionaron además que la sentencia haya utilizado el aumento del presupuesto de la Armada como argumento para descartar responsabilidades. Según sostuvieron, ese dato no permite determinar si se cumplieron las obligaciones de supervisión sobre el submarino ni si se atendieron sus problemas específicos.

En ese sentido, recordaron que López Mazzeo fue procesado, decisión confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 19 de noviembre de 2020, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado muerte, en concurso ideal.

La acusación se vinculaba con no haber "fijado, ni supervisado adecuadamente el cumplimiento de las normas de alistamiento, ni entendido en el adecuado y correcto mantenimiento del Submarino ARA San Juan", pese a que, según la propia sentencia recurrida, tenía conocimiento del estado de la unidad y de las novedades de material que había presentado durante 2017 y años anteriores.

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El recurso también cuestiona los fundamentos utilizados para absolver a Héctor Alonso, quien era jefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, y a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones. En el caso de Alonso, el tribunal había considerado que su función era esencialmente "puramente asesora y auxiliar" y que no tenía capacidad para ordenar al submarino ni intervenir directamente sobre su estado material.

La querella sostiene que esa caracterización no alcanza para descartar una eventual responsabilidad y reclama que se analicen las obligaciones concretas que tenía dentro de la estructura de mando.

Una crítica similar formula respecto de Correa. Las abogadas consideran que su función no podía quedar limitada a la confección y firma de documentación administrativa y remarcan que recibió información durante aquella madrugada sobre la situación del submarino. Por eso, reclaman que las absoluciones sean anuladas por "defecto de fundamentación" y que se dicte una nueva decisión.

El planteo de Carreras y Arias no es el único que llegó a Casación. La querella encabezada por Luis Tagliapietra, representante de otro grupo de familiares, presentó un recurso con un objetivo más amplio: anular todo el juicio realizado en Río Gallegos y ordenar un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Tagliapietra cuestionó, entre otros puntos, que durante la investigación no se hubieran producido determinadas pericias que habían sido ordenadas, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, las restricciones que —según su planteo— tuvo la querella durante el debate y la competencia territorial del tribunal que llevó adelante el juicio.

El abogado ya había reclamado que el debate se realizara en Mar del Plata antes de que comenzara el juicio en Río Gallegos, pero su pedido había sido rechazado.

En paralelo, Claudio Villamide también recurrió a Casación. Su defensa pidió su absolución y cuestionó la acusación fiscal. De manera subsidiaria, reclamó que se descarte el delito de estrago y, en última instancia, que se reduzca la pena.

Los defensores sostuvieron que todavía no pudo determinarse con certeza qué ocurrió dentro del submarino durante las dos horas y quince minutos transcurridas entre el último contacto registrado y la implosión. "Al día de hoy y después de casi nueve años de proceso judicial, un centenar de testigos y numerosos informes de expertos, nadie sabe qué pasó", afirmaron.

La defensa también cuestionó que la sentencia haya establecido un vínculo causal entre el ingreso de agua y el posterior naufragio y sostuvo que varias de las conclusiones utilizadas para condenar a Villamide continúan siendo hipótesis.

El recurso de Carreras y Arias fue acompañado por un comunicado en el que las representantes de las familias trasladaron la discusión judicial al presente de las Fuerzas Armadas. "A casi nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que costó la vida a sus 44 tripulantes, estamos ante una oportunidad histórica: la de evitar que un hecho de esa magnitud vuelva a cobrarse la vida de personal de las Fuerzas Armadas", señalaron.

Las querellantes sostienen que el juicio permitió demostrar que el submarino no estaba en condiciones de cumplir su misión y que el desenlace "era evitable".

El comunicado también incluyó una advertencia sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas. Las abogadas cuestionaron los bajos salarios del personal militar, la necesidad de que algunos integrantes recurran a un segundo trabajo y la situación de la obra social ex IOSFA. "Si a este panorama le sumamos la posibilidad de que un fallo de Casación diluya lo ya probado y las responsabilidades reconocidas en primera instancia, la historia estará en condiciones de volver a repetirse", advirtieron.

Por eso, Carreras y Arias interpelaron al Poder Judicial, a las autoridades de la Armada, al Ministerio de Defensa y a quienes toman decisiones presupuestarias vinculadas con la seguridad del personal militar. "Seguiremos luchando por los que no están y por los que quedan al servicio de la Patria", concluyeron.

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