El Gobierno busca flexibilizar la Ley de Tierras y crece la preocupación por la extranjerización

La discusión por la Ley de Tierras volvió a encender luces de alarma. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con una reforma para flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, distintos datos muestran que la extranjerización ya tiene fuerte presencia en zonas sensibles del país.

El proyecto que impulsa La Libertad Avanza en el Senado propone eliminar límites fijados por la Ley 26.737, entre ellos el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y las restricciones a la concentración por nacionalidad o por titular.

El dato más fuerte surge del Observatorio de Tierras: alrededor del 5% del territorio argentino ya pertenece a capitales extranjeros. Son aproximadamente 13 millones de hectáreas, una superficie comparable con la de Inglaterra.

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La concentración no se distribuye de manera pareja. Según el relevamiento, hay departamentos donde la presencia extranjera supera niveles muy altos: San Carlos, en Salta, llega al 59,82%; Molinos, también en Salta, al 57,79%; General Lamadrid, en La Rioja, al 56,70%; y Lácar, en Neuquén, al 54,17%.

El problema no pasa solo por la cantidad de hectáreas. Muchos de esos territorios están vinculados a recursos estratégicos: cuencas hídricas, áreas mineras, reservas de agua dulce, zonas forestales, pasos fronterizos y corredores logísticos. Por eso, la reforma no aparece como un simple cambio administrativo, sino como una decisión con impacto económico, ambiental y geopolítico.

Desde el Observatorio también remarcan que durante el gobierno de Mauricio Macri el decreto 820/2016 ya había flexibilizado criterios para contabilizar la extranjerización mediante cambios en el registro de sociedades y participaciones accionarias. Según los investigadores, esa modificación redujo artificialmente los porcentajes informados, sin implicar una baja real de tierras extranjerizadas.

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Ahora, con el nuevo proyecto oficialista, el Congreso deberá discutir si conviene relajar los controles o sostener límites sobre la propiedad extranjera de territorios rurales. En el fondo, la pelea es por algo más que hectáreas: es por el control de recursos estratégicos para el futuro del país.